Ecuador y Venezuela tienen muchas cosas en común y otras tantas que los diferencian.
Pero hay un tema en el que ambos países resultaron ser idénticos: los dos tienen fiscales que reaccionan de la misma forma frente a las denuncias que pueden afectar los intereses de sus respectivos caudillos. Lo increíble es que esto se ha evidenciado de forma casi simultánea.
En Venezuela, frente a las denuncias del ex magistrado Aponte Aponte sobre la intervención del caudillo Chávez en la administración de Justicia, la fiscal Luisa Ortega Díaz afirma que esas denuncias no pueden ser investigadas porque no cumplen con los requisitos que establece la ley.
Pocos días antes, el fiscal ecuatoriano, Galo Chiriboga, dijo, palabras más palabras menos, algo parecido cuando se le preguntó sobre el video de la ex jueza Mónica Encalada en el caso Chucky Seven. Lo que esto pone en evidencia es que en países donde manda un caudillo no existe la legalidad. Un fiscal, por naturaleza y por ley, debe ser un auténtico pesquisa que ante la más mínima pista despliega hasta el último recurso por hallar un delito.
La forma en que la Fiscalía General y la del Guayas se han desentendido del video presentado por la ex jueza Encalada, sin duda, es un chirlazo a la legalidad. De por medio está la posibilidad de que se haya cometido o no el más grande y vergonzoso fraude judicial que se recuerde en el país. Su desidia es un ofensa a la honra del país.