El informe de los cinco legisladores a favor del fiscal Washington Pesántez señala que Bosco Solórzano no es sujeto de causal de responsabilidad política, pues no desempeña función alguna de las previstas en el artículo 131 de la Constitución. “El Fiscal General del Estado está obligado a responder por sus propios actos y no por actos de terceros”.
Además, se señala que el testimonio de Lucy Blacio y de otras 35 personas que acudieron a la Comisión de Fiscalización no pueden ser motivo de análisis “por carecer por completo de capacidad probatoria, porque no es parte del juicio político”.
Ese argumento se basa en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no contempla para el juicio político “pruebas testimoniales”. La prueba testimonial es una de las tres formas tradicionales de actividad probatoria dentro de un proceso judicial.