José Tuárez (centro), Victoria Desintonio (izq.) y Walter Gómez (der.) se pronunciaron el pasado jueves 11 de julio de 2019. Foto: API para EL COMERCIO
La jueza Irene Pérez aceptó el pasado jueves 11 de julio de 2019 las medidas cautelares, pedidas por el legislador Fabricio Villamar, para detener la conformación de una comisión en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), con el fin de revisar la designación de los magistrados de la Corte Constitucional (CC).
Esta sentencia supone un revés para la iniciativa del Cpccs de conformar la comisión. Esta, según funcionarios del Ejecutivo y legisladores, contraviene un dictamen de la CC, en el sentido de que el Cpccs definitivo no puede revisar lo actuado por el Transitorio.
La decisión del Cpccs de crear la comisión logró que aumenten a nueve los procesos contra el presidente de ese organismo, José Tuárez, y los otros tres vocales de la mayoría (Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá): dos pedidos de juicio en la Asamblea Nacional, un examen especial en la Contraloría y seis solicitudes de investigación judicial (ver recuadro).
La ministra del Interior y secretaria encargada de Gestión Política, María Paula Romo, señaló ayer, 11 de julio del 2019, que “hay varias vías que podría activar la grave violación del Cpccs. Hay que darle a cada una su propio tiempo, su momento, su procedimiento y en cada caso cada autoridad tendrá que decidir”.
Romo detalló que frente a este hecho “está la consecuencia de la censura cuando se trata de juicios políticos; una consecuencia penal cuando se trata de un delito y está la destitución cuando se trata del incumplimiento de una sentencia constitucional”.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo: “Personalmente no conozco al señor Tuárez. Creo que cometió un error porque hay una resolución de la Corte, diciendo que lo actuado por el consejo anterior no puede ser revisado”.
Ayer, jueves 11 de julio, fue un día movido en la Fiscalía: cinco denuncias se presentaron por la misma causa: “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”. La base es el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que prevé prisión de uno a tres años. En este caso, el Cpccs no habría acatado el dictamen de la CC que blindó al Consejo Transitorio.
Victoria Desintonio es la consejera de la mayoría que presentó los nombres de los jurisconsultos que serán parte de la comisión que revisará el proceso de designación de los jueces de la CC.
Ella explica que Edwin Tapia y Daniel Ruiz pidieron ser parte de esta comisión, por lo que ella los nominó. Mientras que Jorge Soza fue propuesto por el consejero Walter Gómez. Además, aseguró que estaba por confirmarse la presencia de los constitucionalistas (Ismael Quintana, Salim Zaidán y Augusto Tandazo), quienes sugirieron la semana pasada el procedimiento jurídico para que el Cpccs pueda revisar lo actuado por el Transitorio.
Desintonio fue enfática en decir que la decisión adoptada en la sesión del Pleno del miércoles pasado no busca cesar a los jueces de la CC. El objetivo, dijo, es revisar que no haya irregularidades.
Fiscalía abre indagación
Ayer, la Fiscalía General decidió iniciar una investigación previa en contra de los consejeros José Tuárez, Verónica Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá.
Esta etapa de indagación se sustenta en las denuncias presentadas contra estos consejeros, por parte de los asambleístas Jeannine Cruz y Raúl Tello, y Geovanny Atarihuana, dirigente de Unidad Popular.
La Fiscalía convocó a los denunciantes, el martes 16 de julio, para que reconozcan firmas. Y se les recibirá sus versiones sobre los hechos denunciados.
Jeannine Cuz (centro), junto a coidearios, acudió ayer a la Fiscalía para la denuncia. Foto: Daniel Romero / EL COMERCIO
Así están los procesos abiertos en contra de Tuárez y otros miembros del Cpccs
Un supuesto delito de perjurio fue la primera denuncia en Fiscalía, el pasado 24 de junio. Lo presentó Isabel Vargas, presidenta de UNE. La motivación, según Vargas, fue que Tuárez faltó a la verdad en la declaración sobre los puestos que ocupó. Además, dice que era afiliado a partido.
Dos pedidos de juicio político se tramitan en la Asamblea. Uno lo impulsa Fabricio Villamar. Él presentó 57 firmas para pedir el trámite. Por otra parte, la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo facultó a Raúl Tello, presidente de esa mesa, para llevar adelante el proceso.
La Contraloría definió que se inicie un examen especial al proceso de las postulaciones de los candidatos al Cpccs. Esto lo hizo en respuesta al mismo pedido de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamait. El CNE Transitorio fue el encargado de realizar ese proceso.
En Fiscalía se interpusieron ayer otros cinco pedidos de investigación. Los denunciantes se basa en el artículo 282 del COIP que establece una pena privativa de libertad de uno a tres años por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente.
Victoria Desintonio es la consejera de la mayoría que presentó los nombres de los jurisconsultos que serán parte de la comisión que revisará el proceso de designación de los jueces de la CC.
Ella explica que Edwin Tapia y Daniel Ruiz pidieron ser parte de esta comisión, por lo que ella los nominó. Mientras que Jorge Soza fue propuesto por el consejero Walter Gómez. Además, aseguró que estaba por confirmarse la presencia de los constitucionalistas (Ismael Quintana, Salim Zaidán y Augusto Tandazo), quienes sugirieron la semana pasada el procedimiento jurídico para que el Cpccs pueda revisar lo actuado por el Transitorio.
Sin embargo, el constitucionalista, Ismael Quintana, aclaró que, aunque sea invitado no será parte de dicha comisión.