Denuncias que se tramitan en la Fiscalía y en el TCE fueron presentadas contra cuatro vocales del CNE. Foto: Twitter CNE
Tras una denuncia ingresada por el movimiento Justicia Social en contra de Diana Atamaint, Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera, todos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General del Estado confirmó que se inició una investigación previa por el delito de supuesto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.
La acusación fue ingresada por Jimmi Salazar, director de la agrupación, quien apunta a los cuatro consejeros por no acatar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), así como su auto de ejecución, con los que se dispuso medidas de reparación y se otorgó nuevos plazos para que el movimiento realice primarias, inscriba candidatos y se los califique para los comicios del 7 de febrero del 2021.
Según el impulso, Salazar está convocado para reconocer su firma el jueves 24 de diciembre del 2020 a las 08:30, en la sede de la Fiscalía, en Quito.
En esta causa se acumuló otra denuncia impulsada por Silka Sánchez, vocera del empresario Álvaro Noboa, quien denunció a los consejeros por incumplimiento de sentencia del TCE.
También se incorporaron otras denuncias patrocinadas por el abogado Jairo Lalaleo, el político Fernando Balda, y por el director del movimiento provincial L.I.D.E.R., Pablo Ricaurte. Ellos pidieron que se investigue las declaraciones del juez electoral Ángel Torres, quien habló de un presunto encuentro “de alto nivel” entre autoridades del CNE y actores políticos en Guayaquil, para supuestamente impedir la candidatura presidencial de Justicia Social.
Lalaleo fue convocado para reconocer su rúbrica y rendir su versión libre y voluntaria el 24 de diciembre, a las 10:15. Mientras que Sánchez deberá cumplir con esa diligencia el 28 de diciembre, a las 14:30. Ricaurte y Balda fueron citados el 29 de diciembre, a las 14:45 y 15:30, respectivamente.
Denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral
Luego de que se negara la recusación contra el juez Ángel Torres, el propio magistrado continuará con el trámite de la denuncia de una supuesta infracción electoral muy grave, impulsada por Justicia Social en contra de los consejeros Atamaint, Pita, Cabrera y Verdesoto.
Los cuatro funcionarios fueron convocados a una audiencia oral de prueba, programada para el martes 29 de diciembre del 2020, a las 07:00. El movimiento pide al TCE que se les aplique a los consejeros una multa de setenta salarios básicos (USD 28 000), destitución y pérdida de derechos políticos por cuatro años.
El juez Torres, en el 2019, sancionó a Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero con una multa equivalente a 20 remuneraciones básicas unificadas de ese año (USD 7 880) por el retraso en la entrega de credenciales en Los Ríos, tras las elecciones seccionales.
