La denuncia de Llori se queda sin apoyo

La fiscal general Diana Salazar tiene dos opciones: iniciar la instrucción fiscal o archivar la denuncia interpuesta por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), en contra de la mayoría legislativa que busca su remoción.

Después de que la funcionaria compareció a la Comisión de Participación Ciudadana, el archivo parece inminente. Los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) pidieron calificar de “maliciosa y temeraria” la denuncia.

La titular de la Asamblea presentó esta querella el 26 de abril pasado, después de que el Pleno conformó la comisión pluripartidista para investigarla con fines de destitución. Según Llori, ese día se incumplieron las medidas cautelares que le había concedido el Tribunal de lo Penal de Pichincha.

Sin embargo, el defensor del Pueblo, César Córdova, refutó dicho argumento. “Hemos informado que se ha dado cumplimiento a la sentencia expedida, lo cual fue corroborado días después por el mismo Secretario de la Asamblea”, dijo a este Diario.

En su intervención, la fiscal Salazar informó que la presidenta Llori todavía no ha reconocido firma y rúbrica ni tampoco ha rendido su versión libre y voluntaria. Pero cuestionó que en este lapso pidiera cambiar el número de legisladores a los que denunció.

"Esto sí le da a pensar a la Fiscalía que única y exclusivamente se pretende utilizar a la Justicia Penal como instrumento de presión política, porque no tiene sentido que en un momento se denuncie a 93 personas y después se denuncie a 81 asambleístas. ¿Y qué vamos a esperar mañana?¿70 o 137?”, expresó.

Aunque no dio plazos para una resolución, la Fiscal General acotó que a un juez le corresponde catalogar si esta denuncia es maliciosa y temeraria. En la sala estuvo uno de los abogados de Llori. Los legisladores le advirtieron que tomarán acciones.

Salazar pidió al Parlamento “que no se pretenda utilizar el Derecho Penal en conflictos que escapan a sus competencias constitucionales”.

La funcionaria aseguró que ella no tenía potestad para archivar esa denuncia. Tampoco aplicar el “principio de oportunidad”, como sugirieron asambleístas del correísmo que controlan la Comisión de Transparencia.

"Al tener conocimiento de una noticia del delito, la consecuencia inevitable por cómo está estructurado el proceso penal ecuatoriano es el inicio de una investigación. De tal forma que, de no haber dado el trámite correspondiente a esta denuncia, constituiría el incumplimiento de funciones, vulneración del principio de igualdad y denegación de justicia”, adujo.

Altercado entre legisladores

La comparecencia de la Fiscal terminó con un altercado. El hecho se dio cuando el asambleísta Ferdinand Álvarez (Unes) mandó a callar a Blanca Sacancela (Creo). Hubo un fuerte cruce verbal entre el correísmo y el oficialismo.

“¡Usted guarda silencio!”, gritó el legislador del correísmo a Sacancela. La legisladora cuestionó que el correísmo haya amenazado con llevar a juicio político a la fiscal general Diana Salazar.

Enseguida reaccionó con golpes de mesa el coordinador del bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores. “¡Usted no le grita a nadie!¡Qué te pasa! ¡Aprende a respetar, carajo!”.

Por estos incidentes la fiscal Salazar se retiró de la sesión y se comprometió a responder por escrito a un pliego de preguntas elaboradas por los legisladores.

Los asambleístas del correísmo como Luisa González y Mónica Palacios le pidieron que también responda sobre otras denuncias que han presentado en la Fiscalía, por ejemplo, sobre el caso Inapapers y otros de la administración del expresidente Lenín Moreno.

Avance de la comisión

La comisión que investiga a Llori prevé sesionar el próximo domingo. Según informó uno de sus integrantes, Jhon Vinueza (independiente), ese día se procederá a la calificación de las pruebas. Además, definirán fecha y hora para la audiencia a la que deberán acudir Guadalupe Llori y Esteban Torres (PSC), quien la acusa de incumplimiento de funciones.

Llori todavía no decide si se presentará y dijo que consultará con sus abogados. “La comisión multipartidista es una comisión que comenzó mal y de verdad va a terminar mal porque violaron siempre el debido proceso y la seguridad jurídica”, remarcó.

El coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, anunció que “la Presidenta agotará todos los mecanismos, tanto constitucionales como políticos, y administrativos internos para que todo esto termine pronto”.

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