Arteaga se presentó esta mañana en una rueda de prensa acompañada de su abogado defensor, Luigi García, para rechazar las acusaciones. Foto: Roger Vélez / EL COMERCIO
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) se reunirá el miércoles, 12 de febrero del 2020, para conocer y resolver sobre la denuncia presentada por el asambleísta Fabricio Villamar (exCreo) en contra de Karina Arteaga, de Alianza País, a quien acusa de gestionar cargos públicos.
El tema consta como cuarto punto del orden del día de la sesión prevista para las 18:30, donde también se prevé calificar cuatro proyectos de Ley en distintos ámbitos.
Los vocales del Consejo deberán revisar si el pedido cumple con los requisitos para dar paso a la conformación de una Comisión Multipartidista que se encargue de la investigación, entre ellos que se trate de una denuncia juramentada.
Arteaga se presentó esta mañana en una rueda de prensa acompañada de su abogado defensor, Luigi García, para rechazar las acusaciones de Villamar y anticipó que pedirá al CAL que archive esta causa.
La legisladora negó haber gestionado cargos públicos para sus familiares. Aseveró que uno de sus hermanos ingresó a la función pública hace 24 años; una cuñada, en 2009; un yerno; en el 2004; y una sobrina, en el 2012. Esto es antes de que ella fuera electa.
“Le conminamos al señor Villamar que acuda ante un Notario y proceda a declarar bajo juramento todos los hechos que manifiesta en su infundada denuncia”, acotó García, quien también es asambleísta alterno del movimiento FE.
A su vez, anunció que pedirá a la Fiscalía que se declare como “maliciosa y temeraria” a las denuncias de supuestos cobros ilegales a sus colaboradores, que Villamar planteó contra Arteaga en septiembre de 2018.
“El momento político que existe al interior de la Asamblea en torno a la ruptura del acuerdo de Alianza País con el bloque de Creo es aprovechado por el asambleísta Villamar para crear en este momento una alarma alrededor de la conducta de una asambleísta que defiende los intereses de la provincia de Manabí”, sostuvo.
Arteaga también refutó las acusaciones de su exasesora, Verónica Pinaorgote, en relación a que le exigía parte de su sueldo. “Yo les voy a probar que el dinero que se depositó a la cuenta de mi esposo es mi dinero. Se los voy a probar, pero no me pidan que les dé ahorita documentos porque necesito que la Fiscalía me llame para entregarle”.
En lo que va del periodo legislativo las asambleístas Norma Vallejo (AP) y Ana Galarza (Creo) fueron destituidas por denuncias similares a las que afronta Arteaga. También Sofía Espín. En el caso Galarza, el abogado García representó a uno de los acusadores.