10 de July de 2012 00:04

Otra denuncia de corrupción que se destapa en el Poder Ejecutivo

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La corrupción tocó, esta vez, la puerta de la Vicepresidencia. Un funcionario de la entidad supuestamente recibió coimas para favorecer a un proveedor del Estado.

Este caso se suma a otros tantos denunciados de supuestas anomalías en el sector público y específicamente en el sistema de contratación pública.

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Ayer, el vicepresidente Lenín Moreno, y el secretario de Transparencia de Gestión, Edwin Jarrín, denunciaron públicamente que Luis B., analista administrativo de la Vicepresidencia de la República, supuestamente había recibido USD 60 000 de la empresa Wotrace Quito S. A., para evitar el cobro de unas multas por incumplimiento de un contrato.

Este convenio se suscribió en julio del 2011, para adquirir 60 000 camas de plaza y media para la Misión Manuela Espejo. El monto del contrato ascendía a USD 4,2 millones, pero no se cumplió con lo ofrecido, por lo que la Vicepresidencia impuso una multa USD 97 958 a la firma.

Para evitar este cobro, según la denuncia de Moreno, la firma Wotrace supuestamente pagó los USD 60 000 a Luis B.

Sin embargo, el representante de la empresa, Manuel Quijo, rechazó las acusaciones y dijo: “Nosotros no hemos entregado ninguna coima a nadie, nuestra empresa no acostumbra a entregar esos medios, muy al contrario nosotros denunciamos algunos actos de corrupción que se daban en la Vicepresidencia”, señaló.

Además, señaló que la empresa explicó a tiempo el origen de los USD 60 000 que fueron entregados a Luis B. “Este dinero es un préstamo personal que ha hecho un directivo de la empresa a Luis B. y fue sustentado por unos comprobantes de ingresos y egresos y una letra de cambio. Me parece que hay una mala interpretación en nuestra denuncia o presumo que están tratando de utilizar el adagio popular que dice que la cuerda se rompe por el lado más débil”, manifestó molesto.

Por esta denuncia, cuatro funcionarios de la Vicepresidencia fueron removidos de sus cargos: Azucena C., Marilú G., Johnny C.; y Luis B. Además, un empleado de la entidad renunció: el secretario general, Armando Cazar, “por delicadeza”, porque el principal acusado era una persona de su confianza, aclaró Moreno.

Un caso similar se denunció en el 2009, cuando se acusó al ex ministro de Deportes, Raúl Carrión, de supuesto peculado en la contratación de obras e implementos deportivos con sobreprecios y cobros de coimas.

Ese mismo año, el legislador Leonardo Viteri (socialcristiano) presentó ante la Fiscalía una denuncia en contra de la ex ministra de Salud, Caroline Chang, por supuesto peculado en la adquisición de 115 ambulancias para los hospitales públicos. A pesar de que la Fiscalía encontró indicios de irregularidades en la compra, la Corte Nacional de Justicia desestimó la demanda.

En el 2009, el ex asambleísta León Roldós y el Colegio de Médicos del Guayas presentaron una queja en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por supuesto peculado en la compra de ciclosporina.

En marzo de ese año, el IESS llamó a subasta inversa, a través del Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop) para la adjudicación del ciclosporina, medicamento utilizado para pacientes con trasplante de riñón. Sin embargo, Roldós aseguró que existió un sobreprecio del 133,22% en el fármaco, porque el valor a cobrarse era de USD 909 686 80.

En el 2011, el asambleísta Andrés Páez denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el manejo administrativo durante la Asamblea de Montecristi.

Según la queja de Páez, quedó“demostrado que autorizaciones expedidas en la Constituyente por parte del director financiero Francisco T. han propiciado que varias personas lucren o se beneficien de los recursos de la nación, en perjuicio de la legalidad establecida y los procesos de control fijados para toda autoridad y personero público”. Este proceso todavía no ha concluido.

Todo está en mano de la Fiscalía para que investigue y determine si se cometió algún delito o no. “Nuestra función es investigar los hechos y judicializarlos, para que cuando los probemos se obtenga la sanción respectiva. Hemos tenido buenos resultados en las denuncias hechas”, dijo Galo Chiriboga, fiscal del Estado.

Él se refiere a las denuncias que ha presentado la Secretaría de Transparencia sobre perjuicios al Estado, por el manejo del Sistema de Información de Gestión Económica y Financiera (e-Sigef), que permite realizar vía Internet transferencias del sector público.

Desde el 2008 se produjeron tres casos de desvío ilegal de fondos públicos por USD 11,7 millones en los ministerios del Ambiente, Salud e Inclusión Económica y Social, a través del e-Sigef.

La contratación pública

La Vicepresidencia  junto con   la Secretaría de Transparencia revisaron   los contratos   de equipos  de la   Misión Manuela Espejo.

En uno de los estudios  se determinó que un proveedor quiso “estafar” al Estado, con la provisión de 2 700 colchones antiescaras, por un valor de USD 477 977. Pues los bienes ofertados no eran los que se entregaron.

Estos procesos  pasaron por el portal de Compras Públicas, que avaló su contratación. El vicepresidente  Lenín Moreno explicó que se han tratado de tomar todas las prevenciones para evitar este tipo de perjuicios al Estado, pero que se trata de un “sistema perfectible”.

Pero Edwin Jarrín  aclaró que este sistema permite “seguir las huellas que van dejando los procesos. Se necesita consolidar el sistema de compras.

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