Las dos demandas entabladas en contra de la Ley de Comunicación ingresan en su fase de sustanciación en la Corte Constitucional.
La jueza María del Carmen Maldonado, ponente del caso, convocó para este día a audiencia pública, para que los demandantes expliquen los fundamentos de sus acciones.
La cita está convocada a las 09:00 en la Sala de Audiencias de la sede la entidad, en Quito.
Están citadas todas las partes procesales. De ahí que también se espere la presencia de representantes de las funciones Legislativa y Ejecutiva, que fueron las que tramitaron el cuerpo legal que es impugnado.
El legislador Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) es el autor de la primera demanda, que fue admitida a trámite desde el 12 de julio del 2013.
El parlamentario plantea la inconstitucionalidad por la forma de cerca de 50 artículos. Su argumento es que su contenido no fue debatido por el Pleno de la Asamblea antes de ser sometidos a votación.
Asimismo, pide que se deje sin efecto alrededor de una docena de normas por su contenido. Señala que no son compatibles con los principios constitucionales sobre la libertad de expresión, seguridad jurídica y debido proceso.
La segunda demanda está suscrita por un colectivo de 60 ciudadanos, entre académicos, periodistas, artistas, escritores y activistas políticos.
Esa acción fue presentada ante la Corte Constitucional el 3 de septiembre del 2013.
En representación de este colectivo participarán los exasambleístas Enrique Herrería y César Montúfar, quienes trabajaron este tema durante el período legislativo 2009-2013.
Este grupo también solicita que se deje sin piso 12 artículos y 28 modificaciones. Su argumento es que esos tópicos tratados no siguieron el procedimiento parlamentario, de ser debatidos en el trámite.
De igual modo, piden que se dejen sin piso un total de 23 normas. Entre otras razones, porque cuestionan el concepto de “servicio público” que la ley imprime a la comunicación. Desde su óptica y los instrumentos internacionales, la comunicación es un derecho.
Tampoco están de acuerdo en que los principios deontológicos de la ley sean de obligatorio cumplimiento para todos los medios de comunicación.
Entre las personalidades que firman la acción figuran el exalcalde Paco Moncayo, el actor Christoph Baumann y el escritor Marco Antonio Rodríguez.
En agosto pasado, el Gobierno Nacional envió sus argumentos a la Corte Constitucional sobre la demanda presentada por Torres.
Lo hizo a través de su secretario jurídico, Alexis Mera, quien pidió al organismo de control constitucional que deseche el recurso planteado por Torres. Uno de sus argumentos es que la acción de inconstitucionalidad presentada por el legislador supuestamente se basa en principios ideológicos, antes que en preceptos legales.
La Ley Orgánica de Comunicación entró en vigencia desde el 25 de junio del 2013.
12 artículos son impugnados por supuestas fallas de forma.