20 de February de 2011 00:00

La demanda se financió a través de rifas

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La falta de recursos económicos, la contratación de abogados y el poco apoyo de las autoridades laborales no impidieron a los 1 200 ex trabajadores de la Cervecería Nacional reclamar el pago de USD 91 millones, por utilidades no canceladas en 16 años.

Aunque el litigio lleva 40 meses, la pelea ya pasó de ser laboral a política y económica. Ahora intervienen en el proceso: asambleístas, jueces de la Niñez, de Tránsito, Contraloría y hasta los miembros de la Corte Constitucional. En el inicio de la demanda, la Cervecería aparecía como la ganadora por su arsenal económico que le permitió defenderse con los mejores asesores laborales y constitucionalistas del mercado. Solo en octubre pasado desembolsó USD 1 050 000 para contratar a Alfredo Larrea (hermano del secretario de la Corte Constitucional) para su defensa en el litigio laboral.

En cambio, los ex empleados de la Cervecería han invertido cerca de USD 200 000 en todo el litigio. Cerca de USD 150 000 están pendientes de pagos.

En todo el proceso se ha contratado a tres defensores y sus honorarios iban a ser cobrados luego de los resultados. Los porcentajes iban del 10 al 20 por ciento del monto en disputa jurídica.

El primer abogado contratado fue Iván Villavicencio, quien defendió a los ex trabajadores de la cementera Holcim que ganaron el reclamo por el pago de utilidades de USD 31 millones.

Pero Villavicencio tuvo conflictos con los dirigentes y desistió. En abril del 2009 fue contratado Francisco Cucalón, pero duró seis meses. De ahí se contrató a Humberto Zúñiga, ex director de Trabajo, y quien amplió la demanda de USD 60 millones a USD 91 millones porque incluyó a ex trabajadores desde 1990 hasta el 2005. Ahí están asistentes de presidencia, vicepresidentes, gerentes, contadores, auxiliares, operarios, entre otros.

Jackelin Vallejos, ex empleada de la Cervecería y la actual tesorera del comité de reclamos, contó que para pagar los viáticos de los abogados se hacen rifas y asambleas para conseguir los fondos. “Se ha pedido desde uno hasta dos dólares para pagar los gastos. Cada semana se pagaba entre USD 100 y USD 200 para que el abogado informe los avances del proceso”.

Vallejos dijo que las rifas de premios, venta de camisetas y donaciones de regalos fueron las principales fuentes de financiamiento para pagar los avisos publicitarios en los medios.

Arturo Cervantes, representante de los ex obreros, dijo que la mayoría de las publicaciones y remitidos fue a crédito y que se iba a cancelar cuando se gane el juicio. “Dejamos un abono y firmamos pagarés que se efectivizarán cuando ganemos el juicio. Siempre se presentó un garante y eso nos ayudaba”.

Recién en enero del 2010 los denunciantes tuvieron sus primeros resultados. Luego de que el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, declaró que no era competencia atender el reclamo. Entonces, el litigio fue al juzgado 12 de lo Civil donde se decide el pago de las utilidades. Y hasta se solicita la destitución del ministro Espinoza.

Según Cervantes, en el 2010 el proceso avanzó aceleradamente en varios juzgados hasta que se dictaron las medidas cautelares. Pero todo cambió de color cuando la Cervecería pidió que el proceso vaya a la Corte Constitucional. “Era una pela legal entre David y Goliat; pero ya cuando la Cervecería metió las manos para que el caso se vaya a Quito se complicó todo. Y más cuando se supo que había cheques que circulaban en la Corte se decidió buscar el apoyo de asambleístas”.

Cervantes contó que fueron a los directivos del movimiento Alianza País para que denuncien la corrupción en la Corte Constitucional, pero no quisieron. “Otros compañeros buscaron acercamiento con el asambleísta Galo Lara. Le conseguimos los cheques y las transferencias de las cuentas de la Cervecería Nacional y de Alfredo Larrea”.

El proceso jurídico deberá tramitarse en varias etapas, que pudieran extender el tiempo hasta conseguir una resolución. Según establecen las leyes vigentes, en la Corte de Guayas las partes podrán apelar la resolución, hasta llegar a la Corte Nacional de Justicia. Posteriormente, si hay alguna discordia con la sentencia, la demanda puede ir nuevamente a la Corte Constitucional.

La Cervecería Nacional anuló contrato con Larrea

La Cervecería entregó toda la información a la Fiscalía para que investigue las denuncias.

Con 123 años de operación en el mercado nacional, la Cervecería Nacional (CN) enfrenta su peor crisis.

Una reducción de las ventas del 9% solo en diciembre pasado, paralización de la planta, gastos en contratación de abogados y presuntas vinculaciones en denuncias de corrupción en la Corte Constitucional son los problemas que enfrenta la empresa por mantener un conflicto laboral con ex trabajadores.

La Cervecería es una de las subsidiarias de la multinacional SabMiller. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el grupo (Cervecería y Dinadec) generó en el 2009 más de USD 915 millones y canceló por el Impuesto a la Renta (IR) USD 30,6 millones.

Pero los gastos aumentaron en el 2010. Solo en octubre canceló USD 1 050 000 para contratar a Alfredo Larrea, hermano del secretario de la Corte, como asesor laboral y constitucional en el caso de los ex empleados que reclaman los USD 90,9 millones por utilidades de 16 años.

Aunque los directivos de la empresa no quieren cuantificar los desembolsos totales en abogados, señalaron que son cifras muy importantes que solo buscan defender la imagen y credibilidad de la compañía.

Carlos Andretta, director de Relaciones Corporativas de la Cervecería Nacional, reconoció que el litigio laboral ha perjudicado en los últimos meses a la empresa, pero señaló que todo el proceso se ha hecho con transparencia y apegado a la Ley.

“Se han reducido las ventas, pero se va a restablecer la producción y seguir con las inversiones. Para este año se espera invertir USD 60 millones y en cinco años se llegará a los USD 200 millones”.

Andretta señaló que toda la información de los contratos, facturas y la información de los gastos en el proceso fueron entregadas a la Fiscalía para que investiguen las denuncias.

“El contrato con Larrea quedó suspendido y se esperarán los resultados de la investigación de la Fiscalía, para proceder a la recuperación o no de los montos entregados”.

El proceso regresó a la Tercera Sala de la Corte Provincial para que sea analizado y los magistrados emitan una resolución. Pero ahora la cervecera también cuenta con el asesoramiento adicional de Jorge Zavala.

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