La acción legal que impugnaba los informes de lectoría que la empresa Media Research Chile S.A. elaboró sobre los diarios El Telégrafo y el PP El Verdadero fue desestimada, en primera instancia.
El recurso de hábeas data fue presentado a fines del 2010 en el Juzgado Tercero de Inquilinato y Relaciones Vecinales de Guayas por Franklin San Andrés Villón, en su calidad de gerente y representante legal de la compañía El Telégrafo C.A., en contra de Claudio Moya, citado como gerente de Media Research Chile S.A., especializada en realizar sondeos de audiencia y lectoría.
El antecedente de la acción fue la firma de un contrato de medición de lectoría entre ambas empresas, el 9 de febrero del 2010 para determinar las condiciones de venta y parámetros de aceptación y penetración reales de El Telégrafo y el PP El Verdadero. Los resultados de los estudios son publicados y entregados periódicamente por Media Research Chile a todos sus suscriptores, es decir, la mayoría de medios de prensa escrita del país.
Los primeros resultados del informe se hicieron públicos entre los suscriptores el 25 de noviembre del 2010. Del análisis comparativo entre todos los diarios, el diario El PP El Verdadero presenta un promedio de 3 803 lectores diarios, lo cual equivaldría a que se venden a escala nacional 600 ejemplares por día, según consta en el proceso. Eso, para los demandantes, era inexacto, “pues de decenas de miles de ejemplares diarios que comercializamos en el país 600 representan un porcentaje sumamente bajo… Esto llevaría a conclusión errada de que sobreprodujimos para quedarnos con la mayoría de diarios en nuestras instalaciones”. En cuanto a El Telégrafo -indica la demanda- se sugiere que está en crisis por falta de ventas y, por tanto, su operación está siendo subsidiada, lo cual genera un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en la empresa.
Los meses subsecuentes(2010-2011) se enviaron notificaciones y se fijaron varias audiencias para conocer los argumentos de las partes involucradas, que no se concretaron. Incluso, el 21 de marzo del 2011 Moya sostuvo que no era el representante de Media Research.
Ante la inasistencia del demandante a la última audiencia, el juez Eduardo Espinosa declaró el desistimiento de la acción y dejó sin efecto la prohibición de que el informe se divulgue.