Mientras en la Asamblea Nacional el movimiento oficialista Alianza País lograba un acuerdo para nombrar a Tania Arias delegada legislativa a la Comisión Tripartita que se encargará de reformar la Justicia, los representantes del Ejecutivo y del Quinto Poder adelantan el trabajo antes de posesionarse.
Paulo Rodríguez, representante del Ejecutivo, y Fernando Yávar, delegado del Quinto Poder, han iniciado, hace 72 horas de trabajo, el análisis de cómo está la Judicatura.
Ellos dejaron los cargos de director nacional del Registro Civil y director provincial de la Judicatura del Guayas, respectivamente, para instalarse desde el 18 de julio en los despachos del noveno piso, donde se ubica la Presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura.
Desde ahí han podido recoger las primeras impresiones sobre el estado en que recibirán esta entidad: la pieza inicial para su reforma. Los informes entregados contendrían datos sobre los delegados provinciales y parte de los nacionales. Además, se señaló que sobre la base de esa información se analizan las opciones para la “ejecución presupuestaria del proyecto”.
Para Rodríguez un elemento en común en estos documentos “es la carencia de infraestructura y la cantidad de jueces para despachar las causas”.
Hasta el momento, los dos integrantes de este Consejo no han tomado decisiones de carácter jurídico o político. La gestión administrativa se ha canalizado por medio de Gustavo Donoso, director general (e).
Con ella se concedió el permiso a los investigadores de la universidad chilena de Talca, para que puedan obtener información de los departamentos jurídicos nacionales y ahondar en el informe sobre el Sistema Judicial ecuatoriano. Anteriormente solo tenían acceso a la información de la Fiscalía.
Oficialmente esta ha sido la única decisión tomada como parte de la labor de la Judicatura Transitoria. Esta Comisión ha advertido que usará como base ese estudio y todos los que se presenten para decidir el posible camino que tomará la Reestructuración.
El delegado del Ejecutivo señaló que “con estas acciones queremos demostrar que estamos trabajando desde el primer minuto que estuvimos en posibilidad legal de hacerlo ”.
Pero su trabajo de tres días se ha limitado a los análisis, totalmente contrario a lo que se dijo en primera instancia acerca de que el Consejo de la Judicatura Transitorio podía arrancar con solo dos representantes, “porque ya existiría una mayoría”, según Virgilio Hernández, de Alianza País. Al día siguiente, Yávar y Rodríguez aclararon que eso no era cierto.
Sin embargo, el constitucionalista Santiago Guarderas dijo que el tiempo que tienen para la Reestructuración es corto, porque legalmente se debería contar desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial. Y “así se lo empiece a contar desde la integración total, no bastará”, aseguró. Argumento que María Paula Romo, asambleísta de R-25, compartió. Pero la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, recalcó que la reforma empieza como dictamina el anexo 4, desde el momento en que se integren los tres delegados, y que en este tiempo se forjarán las bases para un cambio profundo.