El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, habló sobre los fallecidos, afectados y detenidos durante las protestas de octubre en Quito, en la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea. Foto: Cortesía
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, acudió el miércoles 6 de noviembre del 2019, a presentar un informe sobre la detención de seis menores de edad durante las protestas de octubre, ante la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea.
“Cuando hablamos de violaciones a los Derechos Humanos siempre es el Estado el único responsable. Por lo tanto, el que puede cometer violaciones”, enfatizó.
La presidenta de la Comisión, Encarnación Duchi (PK), dijo que tuvo información sobre seis adolescentes que habrían sido aislados durante las manifestaciones, y que por esta razón convocó al defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
El Defensor rechazó que se acuse a su institución y a otras de no defender a quienes fueron afectados por los actos de vandalismo que se dieron en las protestas del 3 al 13 de octubre.
“Los manifestantes no cometen violaciones a los derechos humanos. Lo que puede hacer el manifestante es cometer un delito cuando impide la circulación, cuando saquea bienes privados, cuando destruye propiedad pública o agrede a funcionarios”, insistió.
En esos casos dijo que le corresponde juzgar y sancionar a los operadores de Justicia, al igual que las agresiones a los policías y militares.
En la Comisión se generó un debate entre la presidenta, Encarnación Duchi, de Pachakutik, y Ángel Sinmaleza (Suma) cuando el legislador independiente argumentó que los indígenas usaron como escudos a sus hijos. La asambleísta atribuyó ese criterio al desconocimiento sobre la realidad de este grupo social.
Carrión, en su informe, detalló que las protestas dejaron 11 personas fallecidas, 1 340 heridas (11 perdieron un ojo) y 1 192 detenidas (96% hombres y 4% mujeres).
Precisó que el 50% de quienes fueron detenidos tienen edades comprendidas entre los 15 y 24 años. Sin embargo, el 77% recobraron su libertad sin formulación de cargos.
Actualmente la justicia procesa a 273 personas por delitos como paralización de servicios públicos (236), terrorismo (19), sabojate (3), rebelión (1) y ataque o resistencia a la autoridad (14).