El Colegio de Abogados del Guayas (CAG) deberá entregar las instalaciones que ocupa en la Corte de Justicia del Guayas desde 1972. Así lo manda el Decreto Ejecutivo 933, que el presidente Rafael Correa inscribió el 9 de noviembre pasado.
Según el Decreto, el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) le solicitó que considerara la salida del gremio el 29 de septiembre pasado. El argumento principal era que la presencia del CAG “no beneficia las actividades judiciales, ni contribuye a su seguridad”.
Además, sostienen que “se han ingresado y sacado bebidas alcohólicas”, “se ha irrespetado personal policial” y que “existen problemas con un equipo audiovisual que transmite videos musicales estridentes e inapropiados”.
En varios boletines de prensa, el gremio de 15 000 socios rechazó esos argumentos calificándolos de “injurias”. El secretario del CAG, Pedro Granja, contó que el equipo audiovisual (referido en el Decreto) “no tiene audio por ende es imposible que genere ruidos”. En ese televisor promocionan cursos gratuitos, agregó.
Además, explicó que en el Decreto Ejecutivo no anula el mandato del ex presidente Jaime Roldós, donde donó ese espacio al gremio “a perpetuidad”. Por lo que la decisión de Correa “carece de validez jurídica”, dijo Granja.
Dijo que aunque fueron notificados; no saldrán. Empero, Correa dispuso que el CJT “podrá solicitar a la Policía Nacional la asistencia necesaria para el cabal cumplimiento del presente”.
La decisión del Presidente alude a un gremio crítico al Régimen. El CAG expuso supuestas irregularidades en el proceso judicial del Presidente contra diario El Universo. Además denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el CJT no tiene validez jurídica debido a que entre sus miembros está Fernando Yávar, quien no cuenta con la experiencia laboral suficiente para el cargo, según el CAG.