El marco legal, el proceso de selección y la conducta de las autoridades son clave. Foto: Vicente Costales/ El Comercio
Han transcurrido 6 años desde que la Constitución de Montecristi entró en vigencia y la arquitectura de la Función Electoral tiene definidos sus simpatizantes y detractores. El debate se centra en tres aspectos: la institucionalidad, el marco legal y la selección de sus autoridades.
El aspecto más destacado es su separación en dos instancias: la administrativa, el Consejo Nacional Electoral (CNE), y la de justicia, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Otro punto de inflexión fue la “despartidización” de ambos órganos. El otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), que era la única autoridad, estaba compuesto por siete representantes de los partidos políticos más votados. Ahora, en las dos instituciones se los selecciona a través de concursos organizados por el Consejo de Participación Ciudadana.
Ambas instituciones atraviesan ahora por su primera renovación parcial. La del CNE concluyó hace una semana; la del TCE deberá finalizar en junio.
Pero, ¿ha funcionado el nuevo modelo? Depende desde donde se mire.
En los despachos del CNE, el TCE, el Instituto de la Democracia (IDD) y el oficialismo, el resultado ha sido positivo.
Del lado de los exfuncionarios electorales y la oposición no cumplen con las promesas de Montecrisiti.
Simón Pachano, académico especialista en elecciones, explica que la división de la Función es una medida técnica que, bien manejada, es positiva porque evita que un mismo ente, como era el TSE, tome todas las decisiones.
Carlos Aguinaga, expresidente del TSE, tiene otra visión. Dos organismos le contrarrestan poder al CNE, sobre todo porque “la justicia electoral no conoce los problemas técnicos del sistema. Aunque es cierto que antes se confundían las dos actividades”.
Al interior de los organismos, la división es positiva, aunque Juan Pablo Pozo, ahora presidente del CNE, no puede calificarlo de “mejor o peor”, sino diferente. Además, es la más adecuada por la división de competencias y la adición de otras, como la capacitación cívica y democrática.
Este andamiaje electoral logra que la democracia “no se convierta en un tema de las élites”, sino en una democracia que se distribuya entre todos, según Patricio Baca, titular del TCE. Así, cada organismo cumple su rol, garantiza la participación y fortalece las organizaciones políticas.
Sin embargo, es muy temprano para evaluar los resultados, pese a que han pasado cuatro elecciones a escala nacional. Según Aguinaga habría que esperar otros seis años y según Pachano al menos tres grandes períodos electorales.
No solo el diseño institucional influye en el sistema. Otro de los aspectos que tiene vacíos es la normativa. La ley fue aprobada en 180 días y sin mayor discusión en la Legislatura, según Fausto Camacho, quien fue parte del CNE de transición, que funcionó entre 2008 y finales del 2011.
Por eso, el CNE y el TCE presentarán este año un paquete de reformas al Código de la Democracia. A esto se suma la falta de precisión legal y de normas menores. El CNE ha debido regular los temas sobre la marcha, con 32 reglamentos.
Las voces en contra coinciden en que la falla está en la selección de las autoridades. Los califican de concursos sin transparencia, que impiden los contrapesos al interior. Por ese motivo, Pachano agrega que son funcionarios que no representan a nadie y se han convertido en “un instrumento político de la Presidencia”.
Los concursos sin embargo son la fortaleza, desde el punto de vista de las autoridades. Para Roberto Iturralde, director del IDD, esto permite que sean independientes y evita que se conviertan en juez y parte.
Los exasambleístas constituyentes que trabajaron en el capítulo sobre la Función Electoral también disienten sobre los resultados.
César Rohón, quien participó por el PSC, afirma que las intenciones de tener participación ciudadana y múltiple representación política no se cumplieron por la predominancia de un partido político. Pero María José Carrión, del oficialismo, sostiene que el CNE y el TCE , a su transparencia e independencia se debe añadir la celeridad para emitir sus resoluciones.
Esto da lugar a un tercer elemento de debate: la actuación de las autoridades. Se los critica por la supuesta influencia del Gobierno, el irrespeto a la institucionalidad y sus normas. Pozo reconoce que hace falta tender puentes con todos los actores políticos. Y Baca que ha habido problemas en la coordinación institucional, pero que el tema es perfectible.
Pero ¿por qué en otros países funciona cualquier forma de sistema electoral? Camacho asegura que es porque las malas prácticas se repiten. Por lo tanto “si los actores no cambian ningún diseño funcionará, por más que fuera el ideal”.