Uno de los 4 jueces destituidos es quien denunció a los Yávar

El Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) destituyó a cuatro jueces del Guayas: Jorge Guzmán Navarrete, Ronald Guerrero Cruz, Carlos Díaz Barreno y Pedro Granja Angulo.

Este último denunció al fiscal del cantón Durán, Fernando Yávar Núñez, padre del vocal del CJT, a quien la Fiscalía indaga por supuestas irregularidades en la emisión de boletas de libertad a detenidos.

Los tres primeros fueron sancionados por supuestas faltas “disciplinarias gravísimas” sustentadas en casos que llevaban a cargo. Mientras que a Granja se lo destituye porque paralizó el servicio de justicia durante una protesta, hace un año.

Según la resolución de la Unidad de Control Disciplinario CJT, Granja propició actividades para paralizar la justicia, el 20 de abril del 2011. Ello es sancionado con destitución por el art. 108 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Pero Granja, también secretario de la Federación Nacional de Abogados, se defiende. Dijo que aquel día el Colegio de Abogados del Guayas hizo una manifestación a las 12:00, contra la corrupción judicial.

A esa hora no había actividad judicial, porque María Leonor Jiménez, presidenta de la Corte a la fecha, ordenó que las actividades de los judiciales se suspendan desde las 11:00. Luego, no abrieron la Corte.

“No me sacan por corrupto, me quieren sancionar dos veces por haber denunciado a Yávar hijo y luego por haberme atrevido a denunciar a Yávar padre...”, enfatizó Granja.

Para Juan Vizueta, vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, en el caso de Granja hay represalias, porque la destitución cabe solo en el caso de jueces que estén en funciones. Hace siete meses, dijo, Granja dejó de ser juez temporal. “Es lo más absurdo”, indicó.

Los jueces Guzmán, Guerrero y Díaz sí estaban en funciones. Según la agencia estatal Andes, en el caso de Guzmán, titular del Juzgado Séptimo de Garantías Penales, la penalidad se dio porque dictó auto de sobreseimiento provisional al acusado de un caso de violación sexual a una menor.

Guerrero, juez décimo tercero de Garantías Penales, negó el recurso de apelación a un sentenciado en un caso de doble asesinato. Y Díaz, juez segundo de la Niñez y la Familia, se negó a sustanciar una demanda de aumento de pensión alimenticia presentada por una ciudadana.

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