Darwin Pereira: La administración de Hernán Ulloa ha secuestrado al Cpccs

Continúan las diferencias entre la Asamblea Nacional y el Cpccs. El Legislativo hace una nueva convocatoria para posesionar a consejeros suplentes. Foto: Twitter del Cpccs.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para posesionar consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). 

Las actuaciones de los integrantes liderados por Hernán Ulloa son ilegítimas, dijo este 4 de diciembre del 2022 el segundo vicepresidente del Legislativo, Darwin Pereira.  

El 2 de diciembre el Cpccs designó a Pablo Romero como nuevo superintendente de Bancos de una terna enviada por el Ejecutivo el 5 de agosto del 2022. La posesión de la nueva autoridad le corresponde a la Asamblea Nacional; el 3 de diciembre el Consejo ya notificó con la resolución.   

Pero el Legislativo no reconoce las actuaciones de Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, a quienes censuró y destituyó el 18 de noviembre. Los consejeros cuentan con una medida cautelar.  

“Pienso que la designación (para la Superintendencia de Bancos) va a tener que repetirse, inclusive con la misma terna, que estaba antes del problema (la destitución), es decir, debe hacerse de manera legal, porque la designación solo la están haciendo los cuatro destituidos”, cuestionó Pereira.

Así ratifica el comunicado que suscribió el 3 de diciembre, junto a Saquicela y los coordinadores del Partido Social Cristiano (PSC), el correísmo de Unión por la Esperanza (Unes) y otros legisladores independientes.   

En el documento indican que la Asamblea “no reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos”.  

Lo que decida la administración de Ulloa es inválido para el Legislativo. En la designación del Superintendente “ni siquiera han intervenido los otros tres no destituidos. Hay un problema hasta de legitimidad porque ni para votar en contra han participado los otros. En este momento, prácticamente han secuestrado al Cpccs, gracias a la decisión de un Juez”, reprochó el Segundo Vicepresidente.  

Ulloa reaccionó la tarde del 3 de diciembre al comunicado de la Asamblea. Responsabilizó a Saquicela y los demás que comparten su criterio, por las consecuencias que se generen para la institucionalidad del Estado si incumplen la posesión del Superintendente. Sin embargo, quienes tienen que continuar con el trabajo del Cpccs, a partir de la destitución, es el nuevo Consejo, refirió Pereira. Por eso Saquicela convocó al Pleno.  

La posesión en el Pleno  

Por disposición de Saquicela, los asambleístas están convocados a la sesión 822 del Pleno. La reunión será el 5 de diciembre, a las 19:00, de forma virtual. En el único punto del orden del día consta la “posesión de consejeros suplentes” del Consejo de Participación. Hasta la tarde del 4 de diciembre, la Asamblea no confirmaba los nombres de quiénes serían designados. 

Pereira sospecha que uno de ellos será Carlos Figueroa, porque solo él falta por posesionarse como suplente. Él consta como subsiguiente en número de votos obtenidos tras las elecciones del 2019, para la lista de hombres del Cpccs. Así se refleja en la información del Consejo Nacional Electoral (CNE). Figueroa no respondió si está convocado o si asistirá.

En cambio, Mónica Moreira y Karina Ponce, subsiguientes en la lista de mujeres, ya fueron posesionadas como suplentes por la anterior administración de la Asamblea, agregó Pereira.  

Olindo Nastacuaz fue posesionado como suplente el 27 de noviembre, cuando también fueron convocados Moreira, Ponce y Figueroa, pero no asistieron. Con la posesión de suplente se les habilita para que asuman su cargo cuando lo amerite, aclaró el legislador.  

Mientras tanto, discrepa con la decisión judicial de la medida cautelar: “En ningún lado dice que se les restituye a ellos (los de la mayoría)”. Lo “altamente cuestionable” es que la justicia se entromete con las decisiones del Pleno de la Asamblea, no de una instancia como una Comisión, criticó Pereira. Para el Cpccs, es la Asamblea la que irrespeta a la Función Judicial al no acatar una “decisión legítima, emitida por la autoridad competente”.  


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