Quién da más, el eje de la reforma penal

En la Asamblea. María Paula Romo (izq.) junto a sus colegas de bancada. A País es clave para la reforma.

En la Asamblea. María Paula Romo (izq.) junto a sus colegas de bancada. A País es clave para la reforma.

El 12 de septiembre, a un día de que se cumpliera un año de la muerte de José Zamora, su asesino fue condenado a 12 años de cárcel.

La madre, Juana Cantos, recuerda que ella, su familia y más de 15 testigos se plantaron en el Juzgado Noveno de Guayaquil.

Ese día, llegaron antes de las 15:00 y se fueron a las 20:00, con la sentencia. “Que no llegaba la secretaria, que (el presunto) asesino no tenía abogado... Ponían pretextos para tardar el trámite”.

Cantos temía que caducara el año de prisión preventiva del homicida, sin que fuera sentenciado. “Si lo soltaban habría matado a otros”. Recuerda que a los tres meses de asesinar a su hijo, de 23 años, fue atrapado, tras un robo.

Cantos acudió a la Asamblea, al primer debate de reformas penales, junto a Vicente Sarmiento, quien perdió a su hijo, otra víctima de los delincuentes. Los dos piden medidas más duras y eliminar la figura de la caducidad de la prisión preventiva, vigente tras la Constituyente de 1998.

Según cifras de Ernesto Pazmiño, director de la Unidad de Gestión de la Defensoría Pública Penal, de octubre del 2007 a junio del 2010, 10 945 presos salieron con libertad, por jueces de garantías penales. Y recibieron patrocinio de defensores públicos.

Pero la eliminación de la caducidad no fue considerada en el informe de primer debate, que todavía no concluye. El PSC y Madera de Guerrero plantearon un proyecto que introduce un nuevo elemento, que pudiera contrarrestar a la caducidad: la detención obligatoria. En el Pleno se han manifestado los partidarios de la reforma constitucional.

En el campo legislativo es la cuarta que se hace en los últimos tres años. Ya son 16 en materia penal, desde el 2005. El Código Penal fue publicado en marzo de 1971 y desde entonces se han hecho 52 reformas.

En los últimos cinco años se han tipificado los delitos de explotación sexual de menores de edad, el secuestro exprés, la tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios. Además, medidas para proteger a los emigrantes, víctima de inescrupulosos.

En diciembre del 2006 se precisaron sanciones para quien destruyera bienes en espectáculos deportivos, tras un incidente en un estadio de fútbol.

María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia, admite que las reformas son cíclicas. Apunta que luego de Montecristi, ante cada episodio doloroso que trasciende al público, la respuesta ha sido modificar la ley. Esto pese a que el problema está en la administración de justicia.

En marzo del 2009 hubo una reforma polémica. Los montos bajaron y el hurto fue asumido como delito solo cuando el valor de lo sustraído superaba los USD 654. La ciudadanía criticó la medida porque, por ejemplo, los celulares de menor valor eran objeto de robo. La Asamblea retomó el tema un año después y bajó el valor a USD 120. Desde el 2005, en una ocasión se hizo un ajuste a la caducidad de la prisión preventiva. Desde octubre del 2007 rige una reforma al art. 169 del Código de Procedimiento Penal.

Esta señala que no se considerará excedido el plazo de la caducidad cuando el imputado, por cualquier medio, ha retardado o evitado su juzgamiento.

El proyecto fue presentado por Andrés Páez (ID). En el Congreso, presidido por Jorge Cevallos (Prian), hubo un fuerte debate. Pero se aprobó por unanimidad.

Según las actas del 18 de octubre del 2007, Luis Fernando Torres (entonces del PSC) dijo que la figura de la prisión preventiva era una “medida excepcional, que se dicta en países medianamente civilizados para asegurar la presencia del imputado si se presume que podría fugar...".

También recordó que en Ecuador se abusa de la medida y por eso las cárceles están entre condenados y otros detenidos. “11 000 ciudadanos están en cárceles con capacidad para 7 000”.

La reforma que discute el Pleno se desarrolla en base a 15 proyectos de asambleístas y del Ejecutivo, planteados desde el 10 de noviembre del 2009, hasta el 16 de septiembre de este año.

El debate tuvo el antecedente de la muerte de Bruno Barco, de 10 años. El hijo del periodista televisivo falleció en medio de un cruce de balas entre un delincuente y el dueño de un local. El asesino fue detenido.

A Gustavo Larrea, fundador de A. País y ex ministro de Gobierno, le parece que el tema de las reformas suena a “quien da más años de prisión, combate más a la delincuencia”. Insiste en que eso es falso, pues lo único que sirve es una reforma en la administración de justicia y en la Policía.

Recuerda que el planteamiento central programático del movimiento, en torno a la seguridad, partía del diagnóstico de que la sociedad se ve afectada por dos líneas: la delincuencia común, que se produce por pobreza, deterioro social, falta de acceso a la educación, y crimen organizado, producto de la pérdida de valores, una sociedad de consumo, que orienta el éxito a cuánto tienes.

En sus inicios, A. País creía que estos fenómenos se combatían con la participación de la comunidad, fortaleciendo las organizaciones barriales. Y desde el Estado, mediante un sistema de justicia y una Policía eficientes.

Larrea identifica graves vacíos en la aplicación del plan de modernización de la Policía, que se trazó desde el 2007 y que tenía un presupuesto de USD 320 millones para el 2008.

“Se convirtió en un plan de equipamiento”, precisa Larrea. Además le preocupa que no se ha aumentado el número de jueces penales. Hoy son 320 y se requerirían 1 100 para atender unas 400 causas al año.

Los cambios en las normativas penales en los últimos cinco años

Junio del 2005. Ley Reformatoria al Código Penal, que tipifica los delitos de explotación sexual de menores de edad.

28 de noviembre del 2005. Reforma al Código Penal, en caso del secuestro exprés.

13 de marzo del 2006. Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas, Rehabilitación y Procedimiento Penal.

17 de marzo del 2006. Reforma a la Ley de Fabricación, Importación y Exportación y Tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios.

Marzo del 2006. Reforma a la Ley de la Función Judicial y al Código de Procedimiento Penal, sobre prerrogativas de las salas de la Corte Suprema.

Septiembre del 2006. Ley Reformatoria del Código Penal, sobre explotación sexual de menores de 18 años.

7 de diciembre del 2006. Reforma al Código Penal sobre destrucción de bienes en espectáculos deportivos.

29 de diciembre del 2006. Reforma legal para proteger a los emigrantes.

Octubre y noviembre del 2007. Interpretación al Código de Procedimiento Penal, para mejorar la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva.

31 de julio del 2008. La Constituyente sobre la rebaja de penas, dice que podrá concederse hasta un máximo del 50% de la pena y no procederá en casos de plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, genocidio...

24 de marzo del 2009. Reforma al Código de P. Penal.

27 de abril del 2009. Reforma al Código Penal en delitos de genocidio y etnocidio.

29 de marzo del 2010. Reforma al Código de Procedimiento Penal, normas para simplificar, uniformar y hacer más eficaces los procesos. Se reprime el hurto, siempre que el valor de las cosas sustraídas no supere el 50% de una remuneración básica unificada.

19 de mayo del 2010. Reformas para tipificar los delitos cometidos por policías y militares en servicio activo.

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