Críticas a la neutralidad de Cordero

La Ley de Comunicación. Cordero impulsó en diciembre el acuerdo con la oposición, pero el proyecto continúa enredado.

La Ley de Comunicación. Cordero impulsó en diciembre el acuerdo con la oposición, pero el proyecto continúa enredado.

Los representantes de siete fuerzas políticas de la Asamblea critican al presidente Fernando Cordero. Creen que al no colaborar con el avance del juicio político en contra del fiscal Washington Pesántez, él se ha convertido en un instrumento del Ejecutivo.

Con esa apreciación coinciden PSP, Madera de Guerrero, Pachakutik, ID, MPD, ADE y Concentración Nacional Democrática. Cordero se ausentó del país la semana pasada por la cumbre de la Unasur y el sábado tuvo una operación quirúrgica.

El lunes, al salir de la clínica, dijo que no hay los seis votos (de los 11 miembros de la Comisión de Fiscalización) para el archivo ni para el avance del juicio.

También dejó claro que no existía una salida establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa frente al suspenso en el que se encuentra el caso.

Para los partidarios del juicio había un empate que el voto dirimente de Silvia Salgado, presidenta de la Comisión, podía destrabar. Pero quienes impulsan el archivo insisten en que los resultados de esa votación dejan en el aire el juicio. Ante ese debate, Salgado pasó el tema a Cordero, quien respondió que ni el Pleno ni el Consejo de Administración Legislativo lo podían resolver.

Jorge Guamán, coordinador nacional de Pachakutik, se siente decepcionado por la actitud de Cordero. “Él podía dar una salida y no ahondar más la crisis”.

Guamán cree que el ‘Corcho’ juega a ser “un punto neutro y eso no mueve ni para adelante ni para atrás y queda bien”.

Ayer en la mañana, en Radio La Luna, donde participa Paco Velasco, los oyentes también mostraron desazón. Una señora dijo que “le molestaba que el Presidente de la República siga poniendo las manos al fuego por el Fiscal”.

Al preguntarle su posición al respecto, el asambleísta de A.País, que es uno de los patrocinadores de este proceso, respondió “yo también”. Y se retiró.

Andrés Páez (ID), Cynthia Viteri (Madera de Guerrero), Fausto Cobo (PSP) y César Montúfar creen que durante su presidencia, Cordero ha tenido una postura “tibia y sometida al Ejecutivo”.

En resumen, lo critican por haber ‘corchado’ procesos como el caso Pesántez, en lugar de marcar distancias con el Ejecutivo.

Cordero, debido a su licencia médica, no ha respondido sobre el tema. Esto pese a que él impulsó el pedido de juicio político. Su firma fue una de las 33 que María Paula Romo presentó ante la Comisión, patrocinando el caso.

Pero este juicio político no es el único episodio que ha puesto a Cordero en el centro de las críticas. Para varios asambleístas, su papel más bien ha sido el de un conciliador forzado por las circunstancias y las protestas.

A finales del año pasado, debió recibir a miles de estudiantes universitarios que llegaron a la Asamblea para protestar en contra de la Ley de Educación Superior.

 

Jorge Escala (MPD) recuerda que Cordero también se reunió el 25 de noviembre del 2009 con los actores del sistema educativo, donde les prometió una participación más activa en el debate legislativo. Escala concluye que la “ley no ha sido consensuada”.

Un escenario similar se dio el jueves 8 de abril. Cientos de indígenas y campesinos mostraron su preocupación por el debate a la Ley de Aguas. Ese día, Cordero se comprometió a que el informe definitivo sobre este proyecto fuera entregado el 25 de abril con el aporte de estos sectores. Pero la Comisión de Soberanía Alimentaria no acató estos plazos. Cordero ha callado al respecto.

Por estas razones, Lourdes Tibán (Pachakutik) pone en duda la independencia política de la Asamblea. “Lo que el Presidente de la República dice, se hace”.

Para Viteri, Cordero ha tratado de “quedar bien con Dios y con el diablo”. Otro ejemplo es el acuerdo de siete puntos que impulsó en diciembre para crear una Ley de Comunicación de consenso.

El tema central del acercamiento con la oposición fue que en el Consejo Nacional de Comunicación el Gobierno no tendría injerencia. Pero Viteri dice que Cordero tenía un as bajo la manga: el veto presidencial a la Ley de Participación Ciudadana, que obliga a lo medios a rendir cuentas.

 

Para Soliz, el caso está cerrado

Doris Soliz, ministra de Coordinación Política, dijo ayer que el pedido de juicio político al fiscal Washington Pesántez es “cosa juzgada” porque “así lo ha manifestado Fernando Cordero”. En su criterio, la resolución de la Comisión de Fiscalización ha sido muy clara: no hay los votos de mayoría absoluta para la fiscalización”.

La funcionaria estuvo ayer en la Asamblea Nacional para ser parte de la reunión del bloque de Alianza País. Antes de la cita, aseguró que el Ejecutivo es respetuoso de la Asamblea.

La Ministra también dijo que existe “una campaña mediática impresionante sobre este tema” y que la opinión de la ciudadanía está inducida por este conjunto de conceptos “de que debe haber una destitución para decir que la Asamblea es eficiente”.

En otro tema, Ángel Salvador, uno de los testigos que participó en las comparecencias de la Comisión de Fiscalización, fue detenido ayer por siete horas. Protestaba frente a la Fiscalía General por el virtual archivo del juicio político. La Fiscalía negó que haya ordenado el arresto; es un caso de alteración del orden público.

 

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