15 de February de 2011 00:00

Críticas al Presidente por defender a Velasco

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El asambleísta César Montúfar insistirá en su demanda contra el legislador oficialista Paco Velasco. Esta vez pedirá ante el Pleno de la Asamblea que exija la rendición de cuentas de Velasco, acusado de haber cumplido dos funciones al mismo tiempo: legislador y presidente de la empresa Ravimus Producciones Radio La Luna.

A pesar de que esta queja no pasó del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), Montúfar cree que existen suficientes argumentos para que Velasco sea destituido de sus funciones.

Esto porque según el artículo 163 numeral 1 de la Ley de la Función Legislativa: los asambleístas “no podrán ejercer ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo. Excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita”.

Además, el numeral 7 del mismo articulado señala que está prohibido que los legisladores “celebren contratos con entidades del sector público”. Mientras Velasco ejercía la presidencia de radio La Luna, se firmaron contratos de publicidad entre el medio y algunas carteras de Estado.

Sin embargo, el sábado pasado, el presidente Rafael Correa defendió a Velasco de las investigaciones y descalificó a los medios de comunicación que lo han investigado. “También (se acusó) a nuestro compañero Paco Velasco, presidente honorario de radio La Luna, de manejar contratos con el Estado. Pura patraña (...)”, manifestó el Primer Mandatario.

En su declaración, Correa reconoce que el asambleísta de su bancada cumplió dos funciones al mismo tiempo, aunque según Velasco, no percibió sueldo por presidir La Luna.

Pese a esa explicación, la normativa legislativa no hace distinción alguna sobre realizar funciones con o sin una remuneración.

Velasco, durante sus intervenciones mediáticas, nunca ha desmentido que fue presidente de La Luna ni que la radio suscribió contratos con el Estado. Su defensa se ha centrado en que él, como persona natural, no firmó ningún convenio y que el monto solamente asciende a USD 696 000.

Para Montúfar esta posición del Primer Mandatario es “deplorable”, pues está “socapando actos de corrupción”, señaló en una entrevista concedida a Ecuavisa.

Además, cuestionó que se haya entrometido en este caso “sin tener conocimiento” del proceso, ni la denuncia completa.

La legisladora Lourdes Tibán cree que la intervención de Correa fue desacertada, porque permitió que sus legisladores violasen las normas sin sufrir consecuencias. “Solo si se es de Alianza País se puede hacer eso”.

Esta molestia surge porque el miércoles pasado, el CAL se reunió y con el voto unánime de sus siete miembros calificó la denuncia de Montúfar. No obstante, sorpresivamente, a la mañana siguiente el oficialista Pedro de la Cruz (miembro del Consejo) pidió la reconsideración de la decisión.

Su argumento se basó en que no se había escuchado a Velasco y no se le había permitido el derecho a la defensa, por lo que “no se cumplió el debido proceso”.

Sin embargo, según Tibán, el CAL solamente tenía la obligación de calificar la solicitud de Montúfar. Es decir, analizar solo si cumple con los parámetros de forma de la queja: que esté debidamente juramentada, que esté notarizada, que presente argumentos de respaldo... Mas no debe evaluar si la demanda es verdadera o no. “Nosotros no somos jueces del caso”, aclaró.

Ese trámite le corresponde a una comisión, que es integrada por el Pleno de la Asamblea. Allí, según la Ley de Función Legislativa, Velasco debía defenderse y presentar sus argumentos para contrarrestar la queja de su opositor. “Cuando se analizó la reconsideración, yo pedí que no aceptara la versión de Velasco como valedera, porque esa no es nuestra labor. Pero por ser parte de la mayoría hacen lo que quieren”, cuestionó el asambleísta Fausto Cobo, también parte del CAL.

Pero De la Cruz aseguró que en este caso no existían suficientes pruebas, porque considera que Montúfar “no presentó pruebas sobre los contratos de La Luna con el Estado”, solo de su dirigencia en la radio. Y además cree que no existe ningún problema en que Velasco sea parte de una empresa privada. “Un asambleísta podría incluso ser miembro de una directiva de una organización privada”, manifestó.

La tercera vacancia de la Asamblea

La Asamblea se alista a iniciar su tercer período de vacancia legislativa. El viernes concluye la primera etapa de labores de este año, que se retomará el 7 de marzo.

En esta última semana de trabajo la Asamblea mantendrá una agenda apretada. Ayer, el Pleno del organismo trató tres proyectos de ley: la Ley del Comerciante Minorista, el veto parcial a la Ley de Trasplantes y Donación de Órganos, y el primer debate de la Ley de Reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana para regular las revocatorias del mandato de las autoridades.

Hoy, en cambio, se analizará el veto a la Ley de Educación Intercultural y el informe sobre el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela.

Sin embargo, todavía hay muchos proyectos legales que están pendientes. Entre ellos, la Ley de Comunicación, la Ley de Aguas y la normativa Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En esta última legislación se busca establecer el mecanismo para la realización de la consulta prelegislativa, establecida en la Constitución.

Además, en algunas comisiones también queda trabajo pendiente. Por ejemplo, la Mesa de Fiscalización avocó conocimiento ayer del pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. En este caso todavía se debe esperar la presentación de pruebas de cargo y descargo de las dos partes.

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