Con el veto presidencial al Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), la división del país en regiones ahora es un escenario factible.
La ley señala que la conformación de las regiones será una decisión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y fija un plazo máximo de ocho años para que se constituyan. Pero si no lo hacen, el Presidente de la República resolverá la situación de esas provincias mediante una ley presentada a la Asamblea.El Municipio de Guayaquil, en un informe sobre el Código, calificó ese punto como una “regionalización forzosa”. Y advirtió que el movimiento que lidera el alcalde Jaime Nebot, Madera de Guerrero, se abstendrá en la votación del Cootad en el Pleno de la Asamblea, el martes. “No se puede votar en contra de lo bueno ni a favor de lo malo que contiene la ley”. A decir de la institución, el Código no configura un modelo autonómico ni descentralizador.
El proceso de regionalización se puede iniciar con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de cada concejo provincial. Quienes deberán preparar un proyecto de ley de regionalización y otro de estatuto de autonomía regional.
Para agruparse en una misma región, las provincias deben poseer continuidad territorial, superficie regional mayor a 20 000 km² y un número de habitantes que no supere al 5% de la población nacional.
El analista político Benjamín Rosales sí cree necesario dividir al país en regiones para lograr una administración más eficiente.
Pero para él, el Código Territorial “no es verdaderamente descentralizador, debería ser más autonomista”. En 1994, como director de la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo (Senda), lideró un plan de descentralización en el que proponía la creación de siete regiones. Su proyecto no trascendió.
A juicio del jurista Joffre Campaña, el Cootad consolidará la capacidad rectora del Gobierno central. “Plantea a rajatabla que en todo el país rija siempre la misma ley”. Agrega que la esencia de la autonomía es la capacidad de legislación de los GAD.
El ideario de la autonomía en el país lo posicionó Humberto Mata, líder del movimiento Fuerza Ecuador, a finales de los años 90.
En su propuesta, planteaba que los fondos de los municipios no vendrían del Estado, sino netamente de la recaudación de sus propios impuestos. Su proyecto de “autonomía provincial” quedó en el limbo, pero puso en escena un debate nacional que por estos días se reactivó con el Cootad.
Durante el análisis de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Paola Pabón (Alianza País) pidió recordar los objetivos por los que se implementa la regionalización y el proceso de descentralización.
“Pensamos en la unidad nacional. Al hablar de circunscripciones territoriales, la decisión fue hacerla dentro de la división política y administrativa del país. Sin embargo, existe una pretensión de ir al viejo discurso de las autonomías para que lo que se genere en el territorio se quede en él”.
En otro tema, la asambleísta de Madera de Guerrero, Cynthia Viteri, sostiene que con el Cootad las competencias que asumirán los municipios serán limitadas.
La Constitución de 1998 permitía a los GAD obtener cualquier competencia, a excepción de tres: seguridad, política internacional y asuntos económicos. Sin embargo, en el veto al Código se establece que las competencias transferidas con anterioridad no podrán ser afectadas.
En Guayaquil por ejemplo, el Municipio tomó las competencias de alcantarillado, aeropuerto y puerto, tras una consulta popular (23 de enero del 2000) en la que Guayas se pronunció a favor de las autonomías. Andrés Roche (M. de Guerrero) señala que para algunas municipalidades será difícil asumir nuevas competencias por su realidad financiera.
El Cootad contempla que el Consejo Nacional de Competencias observará si el gobierno autónomo, que las solicite, está en capacidad económica de asumirlas. Y es que en el veto, el presidente Rafael Correa aclara que el costeo de competencias siempre va a ser superior al monto asignado en el presupuesto.
La ley aprobada por la Asamblea decía que en caso de déficit, este sería entregado progresivamente en los GAD. Pero el Mandatario eliminó ese inciso, argumentando que si quedaba tal como estaba, “habría problemas de sostenibilidad fiscal”.