Un reducido círculo dentro de todo el oficialismo, que controla el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el 72% de las alcaldías y el 40% de las prefecturas, es el responsable de los cambios que sufrieron las leyes de Educación Superior y de Servicio Público, en los vetos que se definieron en Carondelet. También en el Código Territorial.
El sistema presidencialista que rige la democracia ecuatoriana le faculta al Primer Mandatario ser colegislador. Es decir, que desde la administración de sus vetos, el Gobierno orienta el camino a seguir de la Legislatura. Si la Asamblea quiere insistir en los textos que han aprobado en el Pleno, debe reunir 83 votos de 124, para neutralizar las objeciones que emita el Presidente.Bajo estas reglas constitucionales, el presidente Rafael Correa, su secretario jurídico Alexis Mera y ministros como el de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, tocaron las puestas de la Legislatura. Y en varias reuniones con el presidente de la Asamblea Fernando Cordero, los seis coordinadores de la bancada de Alianza País y otros tres legisladores de ese movimiento cuadraron los términos de las objeciones a estos tres cuerpos prioritarios para la Constituyente de Montecristi.
En ese grupo de figuras políticas de alto nivel del oficialismo participó también René Ramírez, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Como no ha ocurrido en gobiernos recientes, esta entidad cobró, en el actual, un estratégico papel. La agenda política que se impuso la ‘revolución ciudadana’ incluía el diseño de varias leyes y proyectos que, precisamente, se gestaron en esta Secretaría que ha estado liderada por dos académicos: Fander Falconí y, desde diciembre del 2008, por Ramírez.
Los tres proyectos de ley, luego de haber sido concebidos en Senplades, fueron estructurados por más de un año en la Asamblea. Pero en menos de 30 días, el Ejecutivo los volvió a modificar. Ramírez marcó la pauta jurídica de esos documentos, generando molestia en la bancada oficialista y un profundo rechazo en las opositoras que reclaman más autonomía para la Asamblea.
Ocho meses de debate
El Código Territorial fue presentado en la Asamblea, el 16 de julio del 2009, y fue aprobado el 11 de agosto pasado. En 10 mesas de diálogo, la Comisión de Gobiernos Autónomos, encargada de elaborar la norma, escuchó y recogió las propuestas de los ciudadanos, de alcaldes y de prefectos que podrían estar afectados por el Código.
Además, después se realizaron dos talleres, con las organizaciones indígenas, para recoger sus preocupaciones respecto de las circunscripciones territoriales y de sus tierras ancestrales.
Según el presidente de la mesa, Virgilio Hernández, este proceso permitió la validación de la Ley. Por eso, consiguió 80 votos; fue una ley apoyada por la oposición.
Pero al llegar a la Presidencia, el texto fue modificado por Ramírez y Mera. Hubo 98 objeciones a los 641 artículos: el 16% era de contenido. Entre ellos, se puso límites a la conformación de regiones y solo a ellas se les entregó la facultad de crear loterías. Es decir, la Junta de Beneficencia de Guayaquil seguirá con la exclusividad de este juego por ochos años más.
La Senplades también impuso su visón para que el Secretario Nacional de Competencias sea designado de una terna elaborada por el Ejecutivo. La mesa legislativa, en cambio, propuso que la designación tome un perfil más administrativo, al ser escogido vía concurso de merecimientos. Mañana, el Pleno discutirá la objeción presidencial.
El acuerdo que se irrespetó
El presidente Rafael Correa desechó los 47 cambios a la ley que fueron acordados entre los rectores y los asambleístas de varios bloques para destrabar la ley universitaria. Este proyecto es el que más conflicto le ha traído al Gobierno desde su elaboración .
Tanto las universidades públicas como las privadas cuestionaron el papel de la Senplades en la elaboración del proyecto. Incluso en los espacios de acercamiento político con la Asamblea, la academia sugirió limitar la participación de Senplades, a la que calificaron de tecnócrata.
La Ley fue aprobada con el mínimo de votos requeridos (63) y aún se debate la legalidad de uno de ellos, que dio el aval para que la ley fuera enviada al Ejecutivo.
En el Palacio de Gobierno, Raúl Abad, presidente de la Comisión, no defendió el acuerdo logrado con la Academia. Y el Ejecutivo no cedió frente a la posición de legisladores como Mary Verduga, quien pidió rever la decisión de no crear la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas, desechando el consenso con los rectores. Este veto también fue respaldado por la Senplades.
Espinosa lideró la reforma
A diferencia de los otros dos textos, en las objeciones a la Ley de Servicio Público intervino directamente el ministro de Relaciones Laborales Richard Espinosa. Su participación fue clave en la redacción de la objeción, pues impulsó la creación de una Secretaría que controle al sistema laboral público y estableció la jubilación obligatoria, para ciudadanos mayores de 65 años.
Esta Ley fue coordinada por dos ministerios: Finanzas y Relaciones Laborales en conjunto con la Senplades. Ramírez justifica el papel de su Secretaría argumentando que el país “escogió tener un Estado unitario y fuerte”.
El jueves se inicia la protesta de los trabajadores
El jueves próximo, la Federación Nacional de Trabajadores Públicos iniciará su jornada de protestas, por el veto a la Ley de Servicio Público. Está previsto que a las 10:00, los funcionarios realicen una marcha hasta la Asamblea Nacional.
La intención es que los legisladores acepten el informe que presentó la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Función Legislativa. Ese equipo decidió rechazar 32 artículos y seis disposiciones generales y transitorias, que se incluyeron en la objeción del Primer Mandatario.
En ese paquete de artículos se incluyen temas como las renuncias obligatorias, el pago de indemnizaciones, el sistema de contratos ocasionales, las jornadas laborales y el sistema de autonomías de las entidades públicas.
Eduardo Valdez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), dijo no confiar en la propuesta del Presidente de llegar a una acuerdo para aprobar el veto y luego hacer las reformas legales, porque no han sido escuchados por Rafael Correa, a pesar de que solicitaron una audiencia.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, informó que este procedimiento debe ser aplicado, porque legalmente no se puede modificar ni el veto ni la Ley aprobada por la Asamblea.
El legislador de Alianza País, Ángel Vilema, aseguró que si no se logra un acuerdo, todavía existe la posibilidad de que se rechace el veto, en los temas polémicos: renuncias y pago con bonos. Ese camino no es tan difícil, la ley fue aprobada con 108 votos.