Nada parece detener la batalla que tiene el Gobierno argentino con los medios, sobre todo contra el diario Clarín. Pero tiene que verse con la Justicia para ello. O ignorar a la función Judicial, si así lo prefiere. El miércoles pasado reglamentó la Ley de Servicios Audiovisuales, con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Sorprendió a muchos la publicación en el Boletín Oficial. Esta Ley, que recibió su aprobación en el Congreso en octubre del año pasado y que reemplaza a la antigua Ley de Medios -vigente desde la dictadura-, estaba inhabilitada en su aplicación mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se pronuncie.
“Acabar con el monopolio” es la misión. O la urgencia. Lo que diga Clarín deberá tener una respuesta gubernamental. “Si algo publica Clarín, el Gobierno actúa frente a ello”, dijo la diputada Graciela Caamaño sobre el escandaloso faltazo del bloque oficialista en la última sesión de la Cámara de Diputados para tratar dos proyectos de Ley sobre las salideras bancarias (robos luego de retiros de los bancos), un tema de trascendencia para la seguridad de los argentinos.
La Corte deberá expresarse sobre uno de los temas más delicados: el artículo 161 que obliga a las empresas de comunicación a desprenderse en el plazo de un año de las licencias que excedan lo que permite la Ley. Es decir, ningún licenciatario individual puede llegar a más del 35% de la población. Las empresas tienen un año de plazo para vender sus propiedades. En caso de no hacerlos, la Autoridad de Aplicación podrá intervenir en ellas.
La Corte no se pronuncia y seguramente no lo hará aún sobre esta cláusula. Respetada por su credibilidad, la Corte Suprema de Justicia comenzó a tratar en agosto la apelación del Estado contra fallos de instancias previas que suspendieron la desinversión, pero es su costumbre no pronunciarse cuando el contexto nacional se encuentra en un momento delicado para evitar que se piense que inclina la balanza para una de las partes.