La apertura al diálogo del presidente electo colombiano, Juan Manuel Santos, luce en estos momentos insuficiente para normalizar las relaciones con Venezuela a corto y mediano plazos.
En adelante, el futuro gobernante no solo deberá preocuparse con buscar la forma de abrir el diálogo con el gobierno de Hugo Chávez, quien rompió relaciones bilaterales el jueves.
A la par, el Presidente electo deberá manejar con cautela a la opinión pública colombiana que, a raíz de las denuncias en la OEA de la supuesta presencia de guerrilleros en Venezuela, mira a ese país con desconfianza y aplaude la actitud dura de Álvaro Uribe.
Hasta antes de las acusaciones, el factor de la opinión pública no aparecía tan acentuado en el escenario que manejaba Santos. Por eso, desde su triunfo del 20 de junio, él y su equipo de transición enviaron mensajes amistosos al gobierno de Chávez, que también dio signos de apertura.
De hecho, hace dos semanas, su canciller Nicolás Maduro recibió a la futura canciller colombiana, María Ángela Holguín.
Pero, desde el jueves, ese escenario cambió. No solo porque la denuncia de Uribe rompió los canales diplomáticos que Santos pudo haber empleado para encauzar el diálogo, sino porque en la opinión pública colombiana hay la percepción de que no se puede tener una posición flexible frente al Palacio de Miraflores.
“Santos tendrá que actuar con mucha discreción en el acercamiento a Venezuela, pues en Colombia hay la opinión generalizada de que el gobierno de Chávez no solo simpatiza, sino que promueve a grupos como las FARC”.
Ese es el criterio de Andrés Mejía Vergnaud, investigador del Instituto de Ciencia Política, quien añade que es innegable que la forma en que el gobierno de Uribe ha tratado el tema exacerbó más a la opinión pública.
De hecho, los medios locales no se han detenido en confirmar o descartar la veracidad de las pruebas exhibidas por el régimen de Uribe en la OEA. Se han enfocado en reproducirlas y cuestionar la actitud de Chávez.
“El tema de fondo sigue siendo el mismo y tiene que ver con la presencia de reconocidas organizaciones terroristas al otro lado de la frontera”. Así opinó en su editorial de ayer el influyente diario El Tiempo, al fustigar la actitud de Chávez de romper relaciones.
Analistas también han alimentado la percepción colectiva de que en Venezuela se tolera a grupos rebeldes. Los ex cancilleres María Ema Mejía y Augusto Ramírez, por ejemplo, señalaron que ante argumentos y pruebas “sólidas”, el gobierno de Chávez debe dar una respuesta.
Pero a la presentación de la denuncia contra Venezuela se han sumado más elementos que han endurecido la posición del saliente gobierno de Uribe y parecen poner más dificultades a Santos.
Ese es el caso de la declaración del fiscal general (e) Guillermo Mendoza, quien anunció que están analizando la posibilidad de llevar el caso a la Corte Penal Internacional, porque supuestamente autoridades venezolanas auspician a grupos “terroristas”.
La suma de todas estas circunstancias ha llevado a que en Colombia se alimente la sospecha de que Uribe no le dejaría “servida la mesa” en materia diplomática a Santos, quien buscaba mejorar relaciones con Venezuela.
El tema figura entre las prioridades de Santos, quien ha señalado que después de la “seguridad democrática” es el momento de un nuevo enfoque de gobierno: la “prosperidad democrática”.
Y, para ello, la normalización de las relaciones con Venezuela es clave. Esta revertiría el descenso del intercambio comercial. Solo en el 2009 Colombia dejó de vender USD 2 000 millones al vecino y, según estimaciones, esa cifra se disparará este año.
Por lo pronto, Santos mantiene un prudente silencio, aunque en círculos diplomáticos y políticos es un secreto a voces que está incómodo por la dimensión mediática que Uribe dio a la denuncia contra Venezuela.