Criminalizar la opinión
Más alla de lo “caricaturesco” que puede resultar que una caricatura sea sometida a un informe “técnico-jurídico”, el informe de la Superintendencia de Comunicaciones sobre la caricatura de ‘Bonil’ dejan al descubierto un tono y un contenido que resultan preocupantes para el ejercicio de las libertades.
En el informe de marras se señala, como posibles afectaciones a la Ley de Comunicación, que la caricatura de ‘Bonil’ induce a la “agitación social” y cuestiona la noción de autoridad. El peligro, entre otras cosas, radica en que estas dos características señaladas por los autores del informe pueden ser tomadas como tipos delictivos y ser utilizadas en un hipotético proceso penal.
El informe también evidencia una lógica impuesta desde el poder según la cual la autoridad no puede ser cuestionada, así sea desde el humor que, precisamente, se explica como contraparte de cualquier tipo de poder. Es grave que el Ecuador esté ingresando, si aún no lo ha hecho, en una lógica en la cual cualquier cuestionamiento a la autoridad pueda resultar en un tipo penal.
El informe aparece, así, como una ventana para la criminalización de la opinión.
