Después de la entrega de credenciales, los consejeros electos esperan su posesión. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.
Los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se preparan a enfrentar un eventual proceso de extinción de la entidad que integran.
El pasado miércoles, el denominado Comité por la Reinstitucionalización del País, una iniciativa del expresidente del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo, presentó su propuesta para, mediante una Consulta Popular, eliminar al Cpccs.
Ante esa propuesta, los seis consejeros electos han dicho que defenderán la institucionalidad de esa entidad.
María Fernanda Rivadeneira, consejera electa, señaló que una de su primeras acciones será fortalecer la participación, “porque nadie defiende un derecho que no conoce”.
Por su parte, Rosa Chalá, consejera por los Pueblos y Nacionalidades, señaló que su designación fue por votación y que la ciudadanía se encargará de defender al nuevo Cpccs.
Cada uno de los electos el pasado 24 de marzo tiene su plan de trabajo. Sin embargo, seis de los siete consejeros concuerdan en que empezarán por acciones que fortalezcan la participación ciudadana y la lucha en contra de la corrupción.
Hay designaciones que el Consejo Transitorio no concluyó: Defensor Público, Superintendente de Ordenamiento Territorial y los nueve representantes de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (Copisa).
Sobre este tema, Victoria Desintonio, consejera electa, dijo: “hay que crear verdadera participación y verdaderos concursos técnicos”.
Chalá tiene como propuesta realizar un estudio y reformas a la normativa del Consejo, en lo que tiene que ver con los concursos para designar a autoridades de control.
Para Walter Gómez, consejero, el primer paso, tras la posesión en la Asamblea y designar al presidente y vicepresidente del organismo, es auditar todo lo hecho por el Transitorio.
“Vamos a ser detallistas en todo lo actuado por el Cpccs Transitorio. Seremos responsables de lo actuado y de lo que nosotros haremos, por lo que necesitamos claridad sobre la situación en la que encontramos a la entidad”, señaló.
La Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen el 7 de mayo del 2019, en el que se señala que “el Cpccs definitivo no está facultado para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el órgano transitorio en ejercicio de sus competencias extraordinarias”.
Sobre ese pronunciamiento de la CC, los seis consejeros se muestran cautos. Dos de ellos manifestaron que lo respetarán. Rivadeneira señaló que hay que respetar la sentencia. “Nos guste o no, se debe respetar una sentencia de última instancia en un país constitucional de derechos”.
Christian Cruz señaló que él se apegará a lo que establecen la Ley y la Constitución. Sin embargo, habló de la posibilidad de que sea un tema a discusión en el Pleno del Cpccs.
Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, opina que el dictamen de la CC no blinda lo actuado por el Transitorio. Dijo que lo que establece la sentencia es que el Cpccs definitivo no tendrá las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al Transitorio, con el mandato de la Consulta Popular del 2018.
Es decir, el nuevo Consejo no podrá evaluar ni cesar autoridades; así como tampoco revisar los mandatos que expidieron para la realización de los concursos de designación. Sin embargo, Quintana plantea que sí es posible revisar las designaciones por vía judicial o administrativa, en el caso de que, por ejemplo, se encuentren vicios de nulidad.
Para David Ochoa, abogado constitucionalista, las designaciones hechas no se podrán revisar porque implicaría el cese en funciones de las actuales autoridades y el nuevo Consejo de Participación no tendrá esa competencia.