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El Cpccs apunta al concurso de contralor

El presidente electo, Guillermo Lasso, tuvo actividad pública el pasado martes, en una reunión con los alcaldes. Foto: Cortesía

El presidente electo, Guillermo Lasso, tuvo actividad pública el pasado martes, en una reunión con los alcaldes. Foto: Cortesía

El presidente electo, Guillermo Lasso, tuvo actividad pública el pasado martes, en una reunión con los alcaldes. Foto: Cortesía

Mientras el presidente electo, Guillermo Lasso, ha dejado claro que entre sus primeras acciones apunta a una consulta popular para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ese organismo ya hace planes para iniciar el camino al nombramiento de un nuevo contralor.

¿Cuál es la hoja de ruta del Cpccs para el resto del año? La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, aseguró a este Diario que esa institución avanzará en la elaboración de los reglamentos para iniciar un concurso para el nuevo Contralor General del Estado.

Pablo Celi, contralor subrogante, cuyas funciones expiran en el 2022, actualmente cumple prisión preventiva en un proceso por supuesta delincuencia organizada. El cargo lo ocupa ahora Valentina Zárate, quien era subcontralora; y desde hace dos semanas está al frente de ese ente de control.

Zárate le dijo a este Diario, que ella no tiene problema en que se haga un concurso para nombrar contralor o, si se diera el caso, en dejar el puesto si Celi fuese liberado. Alega que la institución no puede estar en acefalía y que la Ley Orgánica de la Contraloría le faculta subrogar al titular de ese ente.
Hernán Ulloa, consejero del Cpccs, mencionó que dentro de ese organismo se ha generado un debate sobre cómo proceder con el concurso de contralor del Estado.

El nombramiento de un nuevo contralor ha desatado una polémica, ya que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio no pueden ser cambiados por una sentencia de la Corte Constitucional. El Consejo transitorio no nombró contralor y dejó en esa posición a Celi hasta que termine su periodo (en el 2022) o hasta que se forme un Tribunal de Cuentas, que reemplace a la Contraloría.

Durante esta semana, el Cpccs también se vio envuelto en otra acción polémica, al aprobar la remoción de Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, tras conocer un informe del ministro de Trabajo, Andrés Isch, en el que se advierte que el vocal tenía impedimentos para ejercer el cargo.
Murillo ingresó una segunda acción de protección para evitar su remoción de la Judicatura. El Cpccs, por su parte, solicitó a la subcontralora Zárate que se auditara la elección de Murillo a cargo del Cpccs Transitorio.

Mientras tanto, Lasso en sus intervenciones públicas ha asegurado que el Estado tiene tres funciones definidas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, de ahí que cree que se debería eliminar el Cpccs. Así, reiteró su intención de consultar al pueblo en las urnas para lograr ese cometido.

Sin precisar una fecha aproximada, aseguró que iniciará una fase de diálogo para recoger inquietudes y estructurar “reformas constitucionales que cubran el más amplio interés de la sociedad”.

El futuro Jefe de Estado considera que la atribución de designar autoridades de control, actualmente a cargo del Cpccs, debería volver a la Asamblea.

Como parte del proceso de diálogos, Lasso se reunió esta semana con la Asociación de Municipalidades del Ecuador.

Almeida cree que con la elección de Lasso se ha sentido “un aire de democracia e institucionalidad en el país”. Asegura que respeta su postura, pero espera que esa apertura también incluya un acercamiento con las autoridades del Cpccs. “Espero que también nos pueda escuchar a nosotros y sepa que este es un Consejo de Participación Ciudadana que es elegido por el voto popular”.

Mientras tanto, Almeida resalta que la Asamblea Nacional ya se pronunció en contra de eliminar el organismo y que en la consulta popular del 2018 “la ciudadanía ratificó que exista el Cpccs”.

En el inicio de su administración, Lasso palpará de cerca el retorno de la facultad nominadora de la Asamblea Nacional. Con la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización, el Presidente tendrá que enviar al Legislativo los candidatos para integrar las juntas Financiera y Monetaria que se crearon con ese cuerpo legal.

Antes de que entre en vigencia esa normativa, existía una sola junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Estaba conformada por un delegado del Presidente, así como ministros, superintendentes, entre otros funcionarios.

La presidenta del Cpccs asegura que “respeta” la forma en la que fue redactado ese articulado. Además, sostiene que la prioridad del Consejo de Participación durante su administración no ha sido la de designar autoridades. “Más bien creo que esa fue la manzana de la discordia con la Asamblea Nacional. Si se aprobó de esa manera, está bien”.