La mañana de este domingo, 21 de enero del 2018, Edwin Jarrín, vicepresidente del Cpccs, y las consejeras, Sonia Vera y Tania Pauker dieron una rueda de prensa. Foto: Fernando Medina / EL COMERCIO
Tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se pronunciaron por la solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hecha el 18 de enero del 2018, en el marco del referéndum y consulta popular en Ecuador.
La mañana del domingo, 21 de enero del 2018, Edwin Jarrín, vicepresidente del Cpccs, y las consejeras, Sonia Vera y Tania Pauker, hablaron de la demanda que plantearon ante la CIDH.
En rueda de prensa, los funcionarios dijeron que acudieron al organismo el 28 de diciembre del 2017 por la pregunta tres del referéndum, que consultará a los ecuatorianos:
“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?”
La Comisión Interamericana de DD.HH., el jueves por la noche, solicitó a Ecuador información con respecto al pedido de los consejeros. Sin emitir pronunciamiento, la CIDH remitió al Estado las seis preguntas hechas por Jarrín:
1.- ¿Por qué el Ejecutivo considera como dictamen favorable la falta de un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la consulta popular?
2.- ¿Cómo se contabilizó los días para determinar que la Corte Constitucional no se pronunció?
3.- ¿Por qué el referéndum propone la terminación de labores anticipadas del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
4.- ¿Cuáles son los medios de impugnación que ofrece el Estado a los miembros del Cpccs al terminar sus labores anticipadas?
5.- ¿Qué características tendría el nuevo consejo transitorio?
6.- ¿Cuáles serian las funciones y los efectos que tendría el consejo transitorio?
Según los Consejeros, el Estado tendría cinco días para responder las inquietudes. Ese plazo termina el miércoles 24 de de enero del 2018.
Jarrín, Vera y Pauker esperan que con la respuesta no solo la CIDH se pronuncie sino que, según ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emita medidas provisionales.