CorteIDH se reúne en Guayaquil por casos en El Salvador, Guatemala y Honduras

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) iniciará hoy en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil su 45 Período Extraordinario de Sesiones que se extenderá hasta el próximo viernes y en el que revisará las denuncias presentadas contra El Salvador, Guatemala y Honduras.

El presidente del tribunal, Diego García Sayán, manifestó ayer en una comparecencia ante la prensa que estas audiencias servirán para conocer los alegatos de las partes de cada caso y aclaró que la presencia en Ecuador de la Corte no tiene como fin analizar la situación de los derechos humanos en el país.

La Corte convocó para mañana a una audiencia pública sobre la denuncia de matanzas sucesivas imputadas a militares salvadoreños, a quienes se les acusa por la muerte de más de mil personas en 1981, caso que se conoce como "El Mozote".

Jueces de Perú, Costa Rica, Argentina, Jamaica, República Dominicana, Uruguay y Chile se encargarán del caso que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, es "una de las manifestaciones más aberrantes de los crímenes de lesa humanidad" cometidos por militares salvadoreños.

El miércoles, la Corte, con sede en Costa Rica, tendrá una audiencia pública contra el Estado guatemalteco por el caso Gudiel Álvarez o "Diario Militar", por la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de 26 personas, divulgada en 1999.

Según la CIDH, este caso se encuentra en la impunidad, debido a que el Estado de Guatemala no hizo una investigación seria, ni identificó ni sancionó a los responsables materiales e intelectuales.

El jueves, en otra audiencia pública, la Corte Interamericana tratará la denuncia de desaparición y posible asesinato en 1984 del sindicalista y dirigente estudiantil guatemalteco Edgar Fernando García.

El Estado guatemalteco ha reconocido su responsabilidad internacional, total y parcial, respecto de las distintas violaciones de derechos humanos alegadas, aunque la CIDH ha señalado que aún hay controversia sobre varios asuntos relacionados con el proceso.

García Sayán afirmó que no habrá sentencias esta semana respecto a esos casos, pues las audiencias públicas son parte de la etapa oral y luego viene la fase escrita. "Sin duda que estos casos van a ser resueltos por la Corte con la prontitud que se requiere y en el transcurso de este año", explicó.

Finalmente, la Corte el viernes tiene previsto analizar a puerta cerrada el caso conocido como "Pacheco Teruel", cuya responsabilidad internacional ha aceptado el Estado hondureño por la muerte de 107 personas privadas de libertad en el centro penal de San Pedro Sula, en mayo de 2004.

En febrero pasado, la CorteIDH informó de que los demandantes y las autoridades de Honduras habían firmado un acuerdo de solución amistosa en este caso, una vez que el Estado reconoció su responsabilidad en los hechos.

Por otra parte, la Corte, en el marco de su periodo de sesiones, realizará el próximo martes una serie de seminarios sobre "La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", los "Derechos de los pueblos indígenas" en la normativa del organismo, el "Derecho a la integridad personal" y el "Control de Convencionalidad".

El 45 periodo extraordinario de sesiones de la CorteIDH, que tendrá lugar en Guayaquil, estuvo antecedido por la visita del sábado, de una comisión de ese tribunal a los territorios del pueblo indígena Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana.

En la visita recogieron testimonios de la población, explicó García Sayán, que fue uno de los dos jueces que se desplazaron a esa comunidad quechua y quien afirmó que en este caso "la Corte dictará sentencia muy pronto".

Hace diez años, el pueblo Sarayaku presentó ante el sistema interamericano de derechos humanos una demanda contra el Estado ecuatoriano por la entrada en su territorio de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) y la colocación de explosivos (pentolita) en sus tierras para labores de exploración.

Esa operación se efectuó de forma arbitraria y "sin consultar a la comunidad de Sarayaku", admitió ayer el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que también aceptó la responsabilidad del Estado en este caso, aunque aclaró que no se produjo en su Gobierno y que ya se dejó sin efecto la concesión a CGC.

El procurador del Estado, Diego García, explicó en la rueda de prensa de ayer que durante las sesiones previstas en Guayaquil la Corte no tratará este tema ni otros casos relacionados con Ecuador, tal como sucedió en noviembre de 2010 cuando el organismo llevó a cabo en Quito para su 42 periodo extraordinario de sesiones.

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