Una delegación del desaparecido Movimiento Popular Democrático se concentraron a las afueras Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo a favor de Rosaura Bastidas. Foto: EL COMERCIO
Una delegación de activistas del extinto Movimiento Popular Democrático (MPD) realizó este 6 de mayo del 2015 un plantón a favor de la exedil del cantón La Concordia, Rosaura Bastidas.
Ella debe comparecer el lunes 11 de mayo del 2015, a las 08:30, a una audiencia de última instancia en la Corte Nacional de Justicia por el delito de presunta agresión terrorista. Los jueces tienen previsto dar un fallo tras el análisis de la sentencia de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas que, en octubre del 2014, condenó a Bastidas a tres años de prisión.
Esta acusación la enfrenta desde el 2010 por los disturbios ocurridos durante una visita del presidente Rafael Correa en La Concordia. Entonces, el Primer Mandatario fue retirado del coliseo de esa localidad con una mascarilla anti gas y en medio de una multitud.
Luego de una investigación Bastidas y otras seis personas fueron detenidas y señaladas como los supuestos responsables de la reyerta. Después de las audiencias en dos instancias, los seis implicados recobraron su libertad pero el proceso contra Bastidas no se detuvo.
Ella estuvo en prisión ocho días y tras un pedido de hábeas corpus salió en libertad. Hoy la ex edil se encontraba en su vivienda en La Concordia analizando con sus abogados los argumentos jurídicos que expondrán en la audiencia del lunes.
Bastidas dice que hasta ahora no se ha demostrado su responsabilidad en esos actos porque no existen pruebas en firme. En Esmeraldas sus compañeros de “lucha” salieron a las calles para apoyarla en plantones que se realizaron simultáneamente en la provincia Verde y en Santo Domingo.
En tierra Tsáchila, la comitiva del desaparecido MPD se concentró en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia. Exhibieron carteles, aplaudieron y gritaron por la inocencia de la también maestra y militante de la Unión Nacional de Educadores.
En medio de las consignas señalaron que este caso se debe conocer en el Ecuador porque si los jueces resuelven sentenciar a la maestra se sentaría un nuevo precedente contra una “luchadora social”.
