18 de July de 2012 00:01

En la Corte se enredan las demandas al veto electoral

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Un conjunto de procesos atropellados y de tiempos confusos pondrán en vigencia los tres artículos de la reforma electoral, que ahora para un magistrado de la Corte Constitucional (CC) tienen vicios de inconstitucionalidad.

Ayer, a las 16:00, el secretario del juez Alfonso Luz Yúnez entregó a la Secretaría del organismo el proyecto de resolución sobre las demandas al Código de la Democracia presentadas por cinco organizaciones políticas y sociales.

En el documento, Luz Yúnez recomienda a la Corte declarar la inconstitucionalidad de los artículos 164, 203 y el 207 de la norma electoral. Estos se refieren a la adjudicación de escaños, a las restricciones a la prensa en período electoral y a la licencia de los dignatarios que buscan reelegirse.

Además, en este expediente el magistrado incluyó una sorpresa: pide considerar el pedido de recusación contra cinco de los nueve magistrados, que el 13 de junio hizo la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas.

Este sector político pretende que los jueces Patricio Pazmiño, Édgar Zárate, Ruth Seni Pinoargote, Roberto Bruhnis y Miguel Viteri se abstengan de actuar en este proceso.

Ciro Guzmán del MPD recuerda que estos jueces fueron propuestos por el Ejecutivo como sus candidatos a la reelección en la CC. “Hay conflicto de intereses y prevaricato. Ellos no podrían pronunciarse sobre una causa en la cual una de las partes es el Presidente que los postula”, dijo.

Pero la sugerencia de Luz Yúnez llegó tarde. El jueves pasado, la Corte se reunió para levantar las medidas cautelares fijadas desde febrero que suspendían la aplicación del veto electoral.

Con esta acción, la Corte impidió que la sugerencia de Luz Yúnez tomara fuerza. Incluso Pazmiño, aseguró ese día que de inmediato el Pleno de la Corte debía conocer el informe de este juez. Por eso fijó la reunión para mañana. Sin embargo, Pazmiño solicitó licencia por vacaciones, hasta la próxima semana. Ahora, está al mando del organismo el vicepresidente Édgar Zárate.

Este magistrado aseguró que una vez presentado el informe del juez ponente “procurará resolverlo de inmediato”. De hecho, Zárate cree que lo más importante es que la recusación (de la izquierda) debe resolverse previamente a las demandas de inconstitucionalidad, “porque ahí sí podría existir un gravísimo conflicto de competencia para los jueces recusados”.

Otro tema confuso tiene que ver con la urgencia con la cual la CC ordenó el fin de las medidas cautelares. El jueves pasado, los magistrados aseguraron que su decisión era para no interferir en los procesos electorales que se desarrollaron el domingo pasado en Zamora Chinchipe y Los Ríos.

Pero, si la decisión de los magistrados fue tan urgente, ¿por qué no se notificó a las partes con la misma urgencia? El abogado de la UNP, Santiago Guarderas, dijo que en la tarde de ayer fueron notificados sobre la resolución del jueves, es decir, cinco días después. La secretaria de la Corte, Marcia Ramos, ratificó que solamente se podía notificar a las partes sobre el levantamiento de las medidas cautelares una vez que el informe del juez Luz Yúnez fuera presentado.

Estos tiempos disparejos son una de las tantas inquietudes que despiertan los procesos confusos que se han venido ejecutando dentro del organismo constitucional. Por eso, para juristas como Guarderas y Gustavo Medina es una de las muestras de que en el organismo las decisiones corresponden a una línea política, más que a una judicial.

Guarderas asegura que ahora analizarán los recursos posibles para apelar esa decisión. Se ratificó en que los magistrados no podrían levantar las medidas cautelares hasta conocer el informe del juez Luz. Por otro lado, el delegado del CNE en Zamora aseguró que en las elecciones de las juntas parroquiales del domingo se aplicó el mismo método de asignación de escaños que en anteriores procesos electorales. Así, no se aplicaron las medidas de la CC.

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