La resolución de la Corte Constitucional sobre el caso de la Cervecería Nacional quedó en espera ayer en el Pleno de la Corte Constitucional. El órgano privilegió el tratamiento de la consulta popular.
No obstante, determinó una licencia de 15 días al secretario de la Corte, Arturo Larrea Jijón -por pedido de éste-, para iniciar su defensa dentro de las investigaciones que realizan la Contraloría y la Fiscalía del Estado.
Por esa razón, el inicio de las acciones procesales en el ámbito judicial, tal como lo determinaron los nueve jueces de la Corte el pasado viernes, aún no puede efectivizarse hasta que dicha resolución llegue al ámbito pertinente. Pese a ello, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, María Leonor Jiménez, aseguró ayer que el caso ya está nuevamente en la Tercera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito.
Jiménez pidió calma y mesura a los demandantes ya que la Corte actuará con libertad. “Aquí hay magistrados que son titulares. Solo se pide que se abstengan de decir rumores porque eso puede ser contraproducente para su propia credibilidad”.
Su reacción se dio en medio de la presión de 30 ex empleados de la Cervecería que acudieron ayer a la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil para solicitar a los jueces que resuelvan el litigio y que no se repita lo que sucedió en la Corte. Al plantón también acudieron ex empleados de Coca-Cola, Porta, Pepsi, Holcim, entre otras empresas para solidarizarse con sus compañeros.
Los ex obreros que reclaman el pago de USD 90 millones por utilidades. Arturo Cervantes, representante de los demandantes, también aseguró que los expedientes del caso ya llegaron a Guayaquil y que ahora falta por establecer al magistrado de la Tercera Sala que revisará el caso. “Esto demorará por lo menos un mes, siempre y cuando no haya dinero ni presiones. Todos los días seguiremos el caso”.
En cambio, los directivos de la Cervecería ya no quieren referirse al tema y solo emiten comunicados pagados en medios de comunicación. Desde diciembre del año pasado, los funcionarios visitaban los medios para argumentar la defensa, una vez que el Juzgado Noveno de la Niñez estableció medidas cautelares que incluyeron la paralización de la producción de cerveza, entre otras medidas.
Pero desde el 4 de febrero, cuando el asambleísta Galo Lara denunció el supuesto pago de USD 1,05 millones a Alfredo larrea Jijón, hermano del Secretario de la Corte, para beneficiarse de un fallo, nadie se pronuncia. Pero sí continúan haciendo campañas de sus productos Club Premium y la cerveza Miller.
En este escenario, el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, acudió ayer a la Fiscalía para solicitar que se realice un peritaje sobre la denuncia del asambleísta Lara.
Además, pidió que se le retire la inmunidad al legislador para que responda jurídicamente por sus acusaciones. “Estamos estudiando interponer una demanda por daño moral o injurias calumniosas a Galo Lara. Hoy inicia la campaña de defensa del honor, de la dignidad de mi familia y de mis hijos. Este individuo no va a irse por sobre la justicia, porque yo no voy a demostrar mi inocencia, él tiene que demostrar las acusaciones”.