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Corte Constitucional da 8 días al Gobierno para que informe por manejo de cadáveres, protección a personal de salud, alimentación a vulnerables…

Policías ecuatorianos que forman parte del equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), para la recolección de los cadáveres en medio de la pandemia del covid-19 en la ciudad de Guayaquil, retiran a un fallecido en la ciudadela Sauces. Foto: EFE

Policías ecuatorianos que forman parte del equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), para la recolección de los cadáveres en medio de la pandemia del covid-19 en la ciudad de Guayaquil, retiran a un fallecido en la ciudadela Sauces. Foto: EFE

Policías que forman parte del equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), para la recolección de cadáveres en medio de la pandemia del covid-19 en Guayaquil, retiran a un fallecido en la ciudadela Sauces. Foto: EFE

La Corte Constitucional (CC) decidió realizar “de oficio” un seguimiento al Gobierno de Ecuador y al Consejo de la Judicatura por su accionar durante el estado de excepción por el covid-19, que fue autorizado por ese organismo y ya cumplió 30 de los 60 días previstos para su vigencia.

La tarde del viernes 17 de abril del 2020, el máximo Tribunal de Ecuador decidió “requerir que el Presidente de la República y por su intermedio el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional, en el plazo de ocho días, remitan información sobre el cumplimiento de los parámetros determinados en los dictámenes de la Corte”.

Entre la información por la que el Gobierno de Lenín Moreno debe responder a la Corte Constitucional está el detalle de “las medidas adoptadas para garantizar el acceso a alimentos y medicinas de las personas que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad, en particular de las personas que residen en la zona especial de seguridad, las de escasos recursos, las que están en situación de calle”.

Asimismo, los jueces constitucionales le conceden al Régimen ocho días para que informe cuáles fueron en este mes las “medidas adoptadas para la identificación, levantamiento y manejo sanitario y ambientalmente adecuado de cadáveres, desde el lugar del deceso hasta su inhumación en condiciones de dignidad”.

El Registro Civil ha reportado 6 703 fallecidos en la provincia del Guayas entre el 1 y el 15 de abril del 2020, eso corresponde a un incremento de más de 5 000 muertes con relación a febrero, cuando en 29 días se registraron 1 679 decesos en la misma zona. 

Sin embargo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó la mañana de este sábado 18 de abril del 2020 que en todo Ecuador se han registrado 1 187 fallecidos en el contexto del coronavirus: 456 muertes de personas que previamente habían dado positivo a la prueba de covid-19 y otras 731 muertes por deficiencia respiratoria, desde el 13 de marzo, cuando se reportó el primer deceso en Guayaquil

A la Corte Constitucional también le preocupa la “protección del personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y personal que ofrece servicios en primera línea”.

Por ello, el más alto Tribunal pidió al Gobierno o al COE “el número de trabajadores de la salud, personal policial y militar, bomberos, recolectores de basura y operadores de cadáveres con un diagnóstico de contagio confirmado y con sospecha de haber sido contagiados”, así como el número de pruebas de diagnóstico aplicadas a este grupo humano que se mantiene operativo y labora en medio de las medidas de aislamiento y de la pandemia.

En ese sentido, la Corte le pide al Gobierno que detalle cuáles han sido “las medidas adoptadas desde la declaratoria del estado de excepción dirigidas a la protección del personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, del personal de salud, personas que realizan servicios en primera línea, como bomberos, recolectoras de basura y enterradoras de cadáveres, para prevenir su contagio”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido explícita en el uso de Equipo Personal de Protección (EPP) para el personal de salud que atiende no solo a enfermos con covid-19, sino a pacientes con deficiencia respiratoria en los centros de salud: traje, mascarilla, protector visual, guantes.

El estado de excepción con medidas de restricción de movilidad y de asociación fue decretado por Moreno la noche del 16 de marzo del 2020. La Constitución establece que la Corte debe declarar la constitucionalidad de la medida: esta aprobación llegó el 20 de marzo.

En el pedido de información la Corte Constitucional también pide al Gobierno que explique qué ha hecho para garantizar la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar en medio de las medidas de aislamiento y confinamiento por la pandemia. El ECU 911 ha registrado 7 954 llamadas por violencia intrafamiliar entre el 12 de marzo y el 16 de abril.

La Corte quiere el detalle de “las medidas adoptadas para garantizar el acceso y disponibilidad de los servicios de protección y canales de denuncia” para todas las víctimas de esta violencia dentro de las casas en la cuarentena.

La Corte también pide al Gobierno que informe qué ha hecho para garantizar la salud de las personas privadas de libertad, donde ya se reportan contagios (al menos dos guías penitenciarios y dos prisioneros) y la muerte de un interno. De forma especifica, el Tribunal solicita: “Las medidas dirigidas a evitar la propagación de la pandemia en los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin exclusión alguna en razón a su tipología”.

Además, el órgano de interpretación constitucional solicita que se le informe sobre el ingreso “adecuado de personas nacionales y extranjeras que residen en el país”. Asimismo quiere saber cómo se garantizo el tránsito humanitario desde y hacia el país.

Plazo de tres días para el Consejo de la Judicatura

La misma tarde del viernes 17 de abril la Corte Constitucional otorgó un plazo de tres días al Consejo de la Judicatura para que informe sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a los órganos de administración de justicia constitucional para la presentación de acciones de garantías jurisdiccionales en todo el territorio nacional (acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y medidas cautelares autónomas).

La Corte también le requiere a la Judicatura precisar “los motivos por los que ha restringido el acceso únicamente a la garantía de hábeas corpus”.

Asimismo, el Tribunal demanda a la autoridad de Justicia que detalle “el número de demandas de garantías jurisdiccionales presentadas ante jueces, tribunales y cortes de justicia desde el inicio de la emergencia, con especificación de las judicaturas que las conocieron o se hallan en conocimiento y su estado procesal”.

El viernes 17, el Gobierno señaló que lo que viene para los próximos 30 días del estado de excepción es el aislamiento y restricciones. Sin embargo, con el paso de los días “trabajaremos en las regulaciones para una nueva normalidad”, indicó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Este lunes 20 de abril se iniciará la segunda semana de semaforización en Ecuador con alerta roja. Eso significa que las actividades continuarán como hasta ahora, suspendidas, excepto para alimentación, salud, etc.

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