Una mayoría, de seis votos contra tres, permitió que la primera parte del proyecto de la consulta popular que impulsa el Gobierno fuera aprobada anoche en la Corte Constitucional.
La sesión, que arrancó a las 15:16, se extendió por más de seis horas. Las cinco preguntas del cuestionario, que según el Régimen debían “enmendar” la Carta Política tuvieron el apoyo de Patricio Pazmiño, presidente del organismo constitucional y el de los vocales Édgar Zárate, Roberto Bhrunis, Manuel Viteri, Patricio Herrera y Ruth Seni.
Mientras que se quedaron en minoría Nina Pacari, Alfonso Luz y Hernando Morales.
Precisamente, el acuerdo de los seis jueces tomó como base el proyecto alternativo que el juez Herrera había preparado. Ese documento tenía como objetivo contrarrestar el informe negativo que Pacari entregó la semana pasada.
En él, la Magistrada indígena sugirió que las cinco preguntas del referendo, tal y como fueron concebidas, eran objeto de una nueva Asamblea Constituyente y no de una consulta popular.
Luego de que la sala leyera el texto de Pacari, Pazmiño, pidió analizar el de Herrera, el juez que llegó a la Corte en representación de los gobiernos seccionales.
El debate fue largo. La lectura de los documento estuvo a cargo de la secretaria Marcia Ramos, la secretaria que reemplazó a Arturo Larrea Jijón, salpicado por el escándalo de los cheques de la Cervecería Nacional (nota inferior).
Antes de las 20:00, el futuro de la consulta quedó definido. Los jueces decidieron votar, de manera alternada, los informes de Pacari y Herrera, pregunta por pregunta.
En las interrogantes 2, 3, 4 y 5 del referendo, los mismos seis votos que rechazaban el informe de la Magistrada indígena, apoyaban, en cambio, la propuesta de Herrera. En la primera pregunta, la propuesta de Pacari recibió ocho votos en contra.
Con las cartas echadas, el cuestionario del referendo propuesto por Correa será enviado a la Presidencia para que, tras acogerse los cambios de la Corte, la consulta continúe con su siguiente etapa: la logística electoral.
Al final de esa votación, Pazmiño explicó que las preguntas 1 y 2, que pretenden reformar la caducidad de la prisión preventiva y las medidas alternativas al arresto para delitos menores, fueron modificadas “sustancialmente”.
En el caso de la pregunta 1, se propuso que los jueces y funcionarios no puedan excederse los plazos de la prisión preventiva, so pena de ser sancionados de acuerdo a una nueva normativa constitucional.
En la segunda pregunta, sobre las medidas sustitutivas a la privación de la libertad, la Corte redefinió plazos y contextos según el tipo de delitos.
Las preguntas 3, 4 y 5 recibieron cambios más bien cosméticos, donde se eliminó, básicamente, la frase: “ Con la finalidad de…” que convertía en inductivas esas interrogantes.
La pregunta 3 quedó redactada así: “¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones financieras privadas, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, que sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera de del ámbito financiera o comunicacional, respectivamente?” .
Las preguntas 4 y 5 pretenden reformar el sistema judicial, cambiando la conformación del Consejo de la Judicatura a través de la comisión que trabajará durante 18 meses y podrá nombrar a jueces y administrar la Función Judicial. Además, luego de ese período, se reformará el Consejo de la Judicatura que tendrá cinco delegados de la Presidencia, Asamblea, Corte Nacional, Fiscalía y Defensoría Pública.
El proyecto de Herrera no convenció a Nina Pacari. Al final de la votación, la magistrada dijo que el fallo de la corte fue más político que constitucional y que la resolución adoptada anoche evidenció las presiones del Ejecutivo. Pacari insistió en los cambios que propone Correa son objeto de una Asamblea Constituyente.
Desde el Gobierno, los mensajes contrarios a esa posibilidad no tardaron en hacerse públicos. La ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, sostuvo ayer que el Régimen no tiene pensado ir a una nueva Constituyente y que, por lo tanto esperaban por la decisión de la Corte Constitucional.
La tarde de debate fue matizada por un hecho curioso: las permanente llamadas por celular que Pazmiño y sus asesores mantenían. En la Corte nadie quiso comentar quienes podían estar al otro lado de la línea.
Y aunque el principal interesado en que se apruebe la consulta es el Gobierno, su secretario jurídico, Alexis Mera, evitó dar pista alguna sobre cómo estaba siguiendo la sesión ayer. “Yo soy abogado. Esperaré la notificación correspondiente. No puedo hacer más”, le dijo a este Diario, tras negar cualquier conversación con Pazmiño y sus ágiles asesores.
El otro cuestionario
El informe de Roberto Bhrunis se trató pasadas las 20:30. A su cargo estaban las preguntas que no reforman la Constitución, y que se refieren: a la figura del delito de enriquecimiento privado no justificado; la necesidad de que en la Ley de Comunicación haya un Consejo de Regulación de contenidos; la prohibición de espectáculos públicos donde se mate animales; la prohibición de los juegos de azar y penalizar la no afiliación al IESS.
En el debate se puso a consideración el informe adicional de Manuel Viteri que proponía desechar tres preguntas de este cuestionario, con excepción de la referida a la figura de enriquecimiento privado y al Consejo de Regulación. Finalmente, a las 22:30, se aprobaron los textos.
2 proyectos tiene Correa: que la justicia opere por circuitos y reconocer la eficiencia del Juez.
La Corte Constitucional analiza las preguntas de la consulta popular