El trámite de calificación de los tres proyectos de consulta popular vinculados al Yasuní no se agota con la verificación de las firmas de apoyo, que esta semana entra en una etapa decisiva.
Si las rúbricas del Frente de Defensa Total, Yasunidos y Amazonía Vive (alcaldes amazónicos) pasan el filtro del Consejo Electoral (CNE), la viabilidad de sus preguntas se jugará en la Corte Constitucional.
Según el artículo 438 de la Carta Política, la Corte emitirá un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de las “convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados”.
De ahí que las preguntas de los tres grupos pueden ser aprobadas, modificadas o rechazadas por el organismo de control, en caso de ser incompatibles con la Constitución.
Un precedente de este tipo ya se registró en febrero del 2011, cuando la Corte examinó las 10 preguntas de la consulta y referéndum planteadas por el presidente Rafael Correa.
En ese caso, el Tribunal modificó las dos primeras interrogantes del cuestionario, para que estén en armonía con el marco constitucional. Lo hizo bajo las normas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Con esos antecedentes, juristas y miembros de grupos que impulsan las consultas creen que la Corte puede actuar de forma similar. Incluso no descartan que llegue a fusionar las preguntas en una sola.
Aunque para Esperanza Martínez, de Yasunidos, una decisión así le parecería forzada, no le sorprendería que eso suceda, con un trasfondo “político”.
¿Es posible que la Corte redacte una sola pregunta? Desde la esfera jurídica hay al menos dos respuestas a esta interrogante, en virtud de que no hay registro de una situación similar en el pasado.
La primera es que la Corte sí podría agrupar en una sola aquellas preguntas que traten sobre el mismo asunto. “Sí podría unificar si tienen el mismo objeto”. Ese es el criterio de Juan Francisco Guerrero, profesor de derecho constitucional en las universidades Católica, San Francisco y Andina.
No obstante, aclara que en ese escenario solo ingresarían las preguntas de Yasunidos y de los alcaldes amazónicos, en virtud de que sus propuestas -aunque contrarias- versan sobre la misma materia: el futuro de la explotación en el Yasuní.
En cambio, la interrogante del Frente de Defensa no, ya que abarca un tema más amplio, como la prohibición de cualquier actividad extractiva en el territorio nacional.
La segunda respuesta es que la Corte no puede fundir en una sola pregunta los tres proyectos de consulta. Entre otras razones, porque no hay el marco legal que le faculte hacerlo.
“El art. 82 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales permite la acumulación de demandas, no de propuestas de consultas”. Esta es la visión de Enrique Herrería, exvocal del antiguo Tribunal Constitucional.
A su juicio, al ser inédito que se hayan presentado casi en simultáneo tres proyectos, debería aplicarse el principio de precedencia y dar prioridad a Yasunidos, por ser una propuesta desde la sociedad civil.
Pero en la práctica, el Frente de Defensa fue el primero en entregar las firmas al CNE. Lo hizo el 8 de abril, mientras que Yasunidos el 12 de abril. En cambio, Amazonía Vive, que apoya la decisión de Correa de explotar responsablemente el Yasuní, tiene plazo hasta junio para presentar las adhesiones.
En contexto
- Las firmas de apoyo presentadas por el Frente de Defensa y Yasunidos están en proceso de verificación, antes de que sus respectivos expedientes sean remitidos a la Corte Constitucional. Ese Tribunal tiene la última palabra sobre las preguntas de esos colectivos.