Julian Assange no podrá recuperar la nacionalidad ecuatoriana, por una decisión de la Corte Constitucional. La entidad resolvió que la anulación de su carta de naturalización, otorgada en 2017, se mantiene firme.
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Con esto, se cierran las posibilidades de que el fundador de WikiLeaks siga recurriendo a instancias judiciales en Ecuador. La decisión del máximo tribunal es definitiva y no admite apelaciones.
El fallo se dio a conocer el 29 de noviembre de 2024. La Sala de Admisión concluyó que el recurso presentado por la defensa del australiano no cumplía los requisitos exigidos. La argumentación de la demanda no demostró una vulneración de derechos constitucionales. Por ello, el tribunal ordenó el archivo del caso.
El proceso judicial de Julian Assange sin éxito en la Corte Constitucional
El Ministerio de Relaciones Exteriores inició en 2019 un proceso para invalidar la nacionalización de Assange. Alegó que la concesión de la ciudadanía no cumplió con los requisitos legales y debía ser anulada.
En 2021, un Tribunal Distrital aceptó la acción y dejó sin efecto la nacionalidad otorgada al activista. Su equipo legal apeló, pero las instancias superiores ratificaron la decisión.
En julio de 2024, la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación que había interpuesto la defensa. Luego de esa negativa, el último intento fue la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Sin embargo, este recurso tampoco prosperó.
Consecuencias y contexto de Julian Assange
La revocatoria de la nacionalidad se suma a la serie de problemas legales que ha enfrentado Assange. En abril de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres. Con ello, permitió que las autoridades británicas lo arrestaran y lo pusieran a disposición de la justicia.
Tras años de litigios, en 2024 llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos y obtuvo su libertad. Estuvo detenido por la publicación de documentos secretos que expusieron operaciones militares y diplomáticas estadounidenses. Ahora, su situación jurídica en Ecuador queda cerrada de manera definitiva.
