La Corte Nacional de Justicia (CNJ) archivó una querella contra el presidente Rafael Correa por supuesto delito de lesa humanidad durante los hechos del 30 de septiembre del 2010 (30-S).
El asambleísta Cléver Jiménez presentó la denuncia el 4 de agosto del 2011 y otros dirigentes opositores, quienes manifestaron que lo hacían por formalismo, pues su objetivo es llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI). En ella acusaba al Primer Mandatario por presuntamente haber ordenado al Ejército para que dispare en las inmediaciones y en el interior del Hospital de la Policía el 30-S. Aquel día murieron cinco personas: dos militares, dos policías y un civil.
El conjuez de la CNJ, Richard Villagómez, desestimó hoy la denuncia luego de tres horas de audiencia y la calificó de temeraria y maliciosa, informó la Fiscalía en un comunicado.
Villagómez además dispuso a la autoridad competente la desclasificación de la información relacionada con el 30-S para que la Fiscalía pueda continuar con las investigaciones.
A la diligencia acudió el fiscal general, Galo Chiriboga. En su argumentación, señaló que tras una investigación de nueve meses “no se encontró la existencia de fundamentos que permitieran deducir una imputación por las conductas punitivas señaladas por los denunciantes, mucho menos un delito penal como es el de lesa humanidad” y solicitó el archivo de la denuncia.
La Fiscalía también se apoyó en un oficio del 31 de octubre del 2011 de Cédric Schweizer, jefe de Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Esa institución, afirmó que “ninguno de los incidentes del 30 de septiembre se habrían enmarcado en los ámbitos de aplicación del DIH (Derecho Internacional Humanitario) al no verificarse, precisamente, las condiciones de aplicabilidad de este derecho”, según declaraciones citadas por la Fiscalía.
En el oficio, según la Fiscalía, Schweizer no encontró ninguna “violación alguna del DIH y por ende de ninguno de los instrumentos fundamentales de este derecho, tales como los Convenios de Ginebra de 1949”, con lo cual se descarta un eventual delito de lesa humanidad.
El 30 de septiembre de 2010, cientos de policías se sublevaron por un reclamo salarial y cercaron el hospital donde el mandatario se refugió tras ser agredido por uniformados cuando intentaba aplacar la protesta. (Mire un especial)
El gobernante, quien fue rescatado de allí en un operativo militar, denunció que la sublevación fue instigada por policías corruptos que estaban bajo investigación y opositores que intentaban derrocarlo e incluso asesinarlo.
Jiménez pidió la renuncia del presidente poco después de iniciada la insubordinación.
Un informe de las Fuerzas Armadas asegura que el rescate fue concertado con el mandatario al determinarse que estaba en “ peligro inminente ” por las amenazadas de muerte lanzadas a través de la radio policial.