Vicente Taiano (PSC) dejó sin la presidencia de una comisión a María José Carrión (Alianza País). Fotos: Flickr Asamblea Nacional
Los 32 asambleístas del denominado bloque de la Revolución Ciudadana (RC, correísta) no fueron considerados la noche del 16 de mayo del 2019 para dirigir alguna de las 13 comisiones de la Asamblea Nacional, en los dos años que restan de período legislativo en Ecuador. Y el Partido Social Cristiano (PSC, 17 legisladores) estuvo a punto de correr la misma suerte de no ser por un inusitado apoyo de última hora del correísmo.
Inicialmente hubo un acuerdo previo entre la mayoría compuesta por los bloques de AP, BADI, BIN y Creo para repartirse el manejo de las mesas; sin embargo, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no lograron los votos suficientes para que la oficialista María José Carrión asumiera la Presidencia y en su lugar fue designado Vicente Taiano, asambleísta del PSC.
Taiano logró la mayoría de votos gracias a legisladores del PSC, CREO y Revolución Ciudadana. No estuvieron presentes en el momento de la designación cinco asambleístas del oficialista Alianza País al que pertenece María José Carrión.
La reorganización de las comisiones se decidió la noche del jueves 16 en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional con 91 votos de 125 asambleístas presentes al momento de la votación.
Los correístas votaron en contra. Mientras, cinco asambleístas de SUMA salieron del Pleno en rechazo a la organización propuesta.
No hubo mayores explicaciones, pero se evidenciaron diferencias en la nueva mayoría de 78 parlamentarios, compuesta por Alianza País (AP), Creo y partidos de minoría agrupados en el Bloque de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI).
Tanto los coordinadores de Alianza País, Lenín Plaza y Ana Belén Marín, explicaron que surgieron discrepancias al interior de los propios bloques legislativos, debido a que esos integrantes no se ponían de acuerdo en qué comisiones participarían. Así, descartaron una ruptura en la mayoría que permitió el martes pasado la elección de César Litardo (AP), como el nuevo presidente de la Asamblea.
El control de la Comisión de Fiscalización, una mesa clave para el control político a funcionarios de otras funciones del Estado, fue uno de los nudos críticos para todo el retraso de la sesión plenaria.
En el bloque de AP y sus aliados no todos asentían que Eliseo Azuero, uno de sus ocho asambleístas del BADI, asumiera las riendas de esa mesa. Finalmente, luego de la sesión del Pleno, esta comisión se reunió y votó a favor de Johana Cedeño (AP) como presidenta, mientras que el vicepresidente será Azuero.
María José Carrión, asambleísta de Alianza País, se despidió de la Presidencia de esta mesa el martes pasado, cuando con siete votos a favor fue aprobado el informe que recomendó el juicio político por incumplimiento de funciones en contra de la excanciller María Fernanda Espinosa.
El caso llegará la próxima semana al Pleno, en donde se requiere de 91 votos para una censura, como ocurrió con Carlos Baca Mancheno, exfiscal General del Estado, o con el exprocurador Diego García.
“Creo que esta Comisión ha sido ejemplar a las que nos han precedido. En dos años hemos procesado 10 solicitudes de juicio político, batiendo un récord histórico en la Asamblea”, manifestó Carrión.
Sin embargo, tres de esos se quedaron en el “limbo”, ya que no hubo los votos para que los expedientes pasen al Pleno como fue el caso del exvicepresidente Jorge Glas, a los exintegrantes del Consejo de la Judicatura y al superintendente de Bancos, Christian Cruz.
La nueva estructura de las comisiones quedó definida el lunes pasado en una reunión que se dio en el primer Piso del Palacio Legislativo, de manera reservada, entre los coordinadores de las bancadas. Allí también estuvo la ministra del Interior, María Paula Romo.
Allí se vio cómo en un cuadro de Excel, proyectado en una pared del salón, se ubicaba a los integrantes de las nuevas comisiones con colores.
El acuerdo permitió que al día siguiente se eligiera al oficialista César Litardo como nuevo presidente, con 78 votos. El BIN obtuvo la primera vicepresidencia con César Solórzano (PSP) y Creo consiguió la segunda vicepresidencia con Patricio Donoso.
Además de la designación de los cuatro vocales del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para el período 2019-2021, en donde no figura ningún asambleísta del correísmo, pero el partido de Gobierno tampoco cuenta con una mayoría.
De las presidencias de las comisiones de Justicia, Régimen Económico, Derechos de los Trabajadores y Relaciones Internacionales, fueron suprimidos los nombres de los correístas Marcela Aguiñaga, Pabel Muñoz, Liliana Durán y Esther Cuesta.
Así por ejemplo, en la nueva estructura, Marcela Aguiñaga deberá actuar en la Comisión de Derechos Colectivos. Pabel Muñoz, en cambio, se desempeñará en la de Participación Ciudadana. Liliana Durán fue a la de Biodiversidad, mientras que Esther Cuesta se queda en la misma comisión, de Relaciones Internacionales, pero ya no la presidirá.
Hasta poco antes de que se reúna el Pleno, en ellos había incertidumbre sobre las comisiones a las que serán designados. Aguiñaga habló de que todo era producto de una “revancha política”.
Esto último fue rebatido por el presidente de la Legislatura, César Litardo, quien apuntó que los legisladores fueron ubicados de acuerdo con los perfiles que se necesitan para el trámite de las leyes prioritarias para el país.
“Se ha tratado de coordinar que quienes tengan afinidad a ciertas comisiones estén dentro de ellas”, dijo el primer vicepresidente César Solórzano, de las filas del Partido Sociedad Patriótica y quien forma parte del BIN.
Al final, se llegó a un acuerdo para que Raúl Tello, del BADI, ocupe la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana, y que Héctor Yépez presida la de Gobiernos Autónomos. El acuerdo se gestó en una reunión de los coordinadores de los bloques con el presidente de la Asamblea.
Lenín Plaza, coordinador de AP y Luis Pachala, de Creo, apelaban a respetar los acuerdos. Pero, la socialista Silvia Salgado marcó distancia. “No todos los votos que tiene el Presidente responden a un acuerdo programático. No somos parte de ello ni con el BIN ni con Creo”, aclaró, a quien AP cuenta entre sus aliados.
La Ley de la Función Legislativa establece un plazo de dos días para que las comisiones se organicen y elijan sus autoridades. Si no hay acuerdos, será el Pleno el que los designe.
El CAL, por su parte, todavía no ha sido convocado para su primera reunión.