Entre 10 y 15 minutos tardaría el presidente Rafael Correa en rendir su juramento deferido ante la jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, María Mercedes Portilla, hoy, a las 16:15. En la diligencia, ni sus abogados ni la contraparte tendrán derecho a formularle preguntas.
Así lo explica Gutemberg Vera, abogado de Correa, quien auspicia la demanda por supuesto daño moral contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Ambos son autores del libro ‘El Gran Hermano’, que denuncia los contratos que celebró con el Estado Fabricio Correa, hermano del Jefe de Estado.
Según Correa, él no estaba enterado de los negocios de su hermano, como lo sostiene la publicación. De ahí que acusa los periodistas de una presunta injuria.
Portilla escuchará hoy a Correa en Quito, pues desechó el recurso de nulidad, que interpuso a la defensa de los periodistas, en rechazo a la diligencia de hoy. De hecho, el 24 de octubre, el abogado Ramiro Aguilar había solicitado anular la validez de todo el proceso en contra de Calderón y Zurita. Considera que es ilegal que se considere como una prueba el juramento de Correa.
Según el jurista, fue el propio autor de la demanda quien pidió ilegalmente que se le tome juramento dentro del proceso.
Aguilar sostiene que la jueza puede ordenar la práctica de las pruebas que crea pertinentes, menos la declaración de testigos. Por eso pide que la jueza envíe el caso a la Corte de Justicia de Pichincha, para que resuelva sobre la validez o no del proceso.
“Lo que el presidente Correa dirá es: esos señores me han causado daño moral y eso me ha producido un perjuicio económico, valorado en USD 10 millones”, adelanta Aguilar, quien cree que ese trámite debe durar menos de 10 minutos, “unos 20 segundos”.
Aguilar alega que los abogados Alembert y Gutemberg Vera no han presentado pruebas para sustentar la acusación. Dice que solo han entregado la partida de nacimiento de Correa, las de sus hijos, la partida de matrimonio, sus títulos profesionales, su hoja de vida, su credencial como Presidente de la República y Presidente de la Unasur. “Eso no está en disputa ni en duda. Nosotros sí presentamos 45 pruebas de que el Presidente ha perjudicado y perseguido a mis representados”.
Una visión similar tiene el legislador y abogado Vicente Taiano (Prian). Él explica que el juramento deferido funciona en los juicios laborales, establecidos en la Ley, con el objetivo de probar la relación laboral. Por eso afirma que no cabe la diligencia judicial de hoy: “Es improcedente, yo también puedo declarar que me deben USD 100 000”.
Sin embargo, Gutemberg Vera dice que han presentado unas 60 pruebas. Y descarta que intente probar el daño moral con un juramento deferido. Señala que las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar por un supuesto perjuicio moral.
La jueza Portilla informó a la defensa de los periodistas demandados que “la prueba deberá ser apreciada en conjunto al momento de resolver (el caso)”, como determina el Código de Procedimiento Civil.
Sentencia en el caso Vistazo se conoce hoy
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) instalará a las 10:00 de hoy la audiencia de juzgamiento contra Editores Nacionales, la editora de la revista Vistazo.
La publicación es acusada de supuestamente irrespetar el silencio electoral la víspera de la consulta popular del 7 de mayo.
Un total de cinco organizaciones sociales afines al Gobierno plantearon la demanda: Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación del Seguro Social Campesino, Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa.
En un enlace del 4 de junio, el presidente Rafael Correa pidió una sanción para la revista por la supuesta infracción. Con ese antecedente, el 20 de junio, Víctor Raúl Ocaña García, presidente de la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, presentó la demanda contra la revista.
En la acusación se dice que el editorial ‘Un NO rotundo’, que fue publicado el 6 de mayo, llamaba a los ciudadanos a votar por el No en la consulta popular.
En la audiencia del 19 de octubre, las dos partes presentaron las pruebas de cargo y descargo. Pero esa sesión fue suspendida, ya que se presentaron nuevas pruebas que debían ser analizadas.
Según Pablo Baca Mancheno, representante de los acusadores, la revista usó un espacio editorial para ocultar una publicación dirigida a incidir en el voto de la gente. Por eso se exige una multa de USD 100 000. Pero Rafael Oyarte, abogado de Vistazo, afirma que no hay prueba legal para sentenciar a la revista, ya que los editoriales no son propaganda.
La jueza Ximena Endara será quien dicte sentencia.