11 de January de 2012 13:36

Correa limita a la prensa al inicio del año electoral

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El veto presidencial, cuyo principal artículo (restricciones a la prensa) que está por entrar en vigencia el 4 de febrero, marca el inicio del proceso electoral. El Gobierno logró imponer sus criterios frente a una Asamblea debilitada y cerrando aún más el espacio de acción de la prensa en el evento político más importante de los próximos cuatro años.


1.- Alianza País tiene cero autonomía.

¿Qué es preferible concluir? Que la deliberación del fin de semana, dentro de Alianza País, fue un show para evitar las críticas de la opinión pública y así quemar tiempo hasta que la Asamblea demuestre que no contaba con los 83 votos para rechazar el pedido presidencial de restringir la cobertura de la prensa en la campaña electoral. O que entre los asambleístas de la lista 35, pesa más el miedo a ser apartados de la lista de privilegiados del poder.

Cualquiera que fuera la respuesta, lo que sucedió el martes constata el déficit democrático que tiene esta bancada y sus integrantes. Con su adhesión a la tesis del oficialismo y la abstención de gente que ha pensado la política nacional en los últimos 10 años, como Virgilio Hernández, deja entrever que la prioridad de los asambleístas de Alianza País es su proyecto de reelección y no  debatir el impacto en la democracia de las restricciones a la prensa en la cobertura electoral. Así lo han reconocido fuera de grabación varios legisladores.

2. La Asamblea queda desvalida. ¿Y el liderazgo de Cordero?

El comportamiento del oficialismo el martes en la Asamblea constata que Cordero no ejerce el liderazgo en su propia bancada. En la entrevista publicada el lunes por EL COMERCIO, el Presidente de la Asamblea dijo que Alianza País no quiere afectar las libertades y que le interesa hacer foros nacionales con la participación del presidente Rafael Correa para hacer un veto que respete un diálogo nacional sobre la Ley de Comunicación. Con lo de anoche, se demuestra el poco interés del Régimen por trabajar en un veto razonado. Betty Tola y Juan Carlos Cassinelli han sido más efectivos que Cordero a la hora de imponer las tesis que salen de Carondelet obviando la agenda nacional que propone el Presidente del Primer Poder Legislativo.

La oposición tiene una débil reacción y no ha sido capaz de tejer estrategias claras en función de temas vitales como que el se aprobó la noche del martes. Eso se constata con las ausencias de una docena de legisladores en un día tan importante.  ¿Cómo reaccionó Cordero ante esta crisis? Con una tibia abstención.

 

3.- La libertad de expresión queda afectada.

Para qué una ley de Comunicación si desde varios frentes el Gobierno avanza con las restricciones a la prensa. La Ley de Participación, la de Monopolios, el proyecto de Código Penal, las preguntas de la consulta popular, todas buscan restringir el trabajo de la prensa… Ahora están las reformas al Código de la Democracia. Con los cambios introducidos, esta norma se volverá la hoja de ruta política de todo el país en el evento más importante de los próximos cuatro años: las elecciones presidenciales. Hay que tomar en cuenta que en período electoral, el CNE el es máximo organismo de control y bajo ellos estará el control a los medios de comunicación.



4.- Las reglas electorales y de la campaña apuntan a la reelección de Correa y a mantener el mismo ‘statu quo’ en las relaciones del Ejecutivo-Legislativo del período (2013-2017) 

Los cinco vocales del CNE tienen nexos con el ejecutivo. Ellos controlarán la campaña de un candidato que no necesita pedir licencia como presidente para hacer campaña. Esa difusa línea divisoria entre el candidato y el presidente hace difícil establecer controles al gasto electoral del sujeto político. Eso ya se evidenció en la consulta popular de mayo pasado.

El método D’Hont usado para los asambleístas provinciales definirá el peso de las organizaciones políticas más grandes en el 85% de la Asamblea Nacional. Con estos cambios, es posible que si Correa resulta electo tenga por cuatro años más a un legislativo cautivo, dejándose imponer las leyes por la fuerza del veto.


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