16 de October de 2011 00:05

Correa: Caso Carrión no está cerrado

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El Primer Mandatario dijo que solo dará por cerrado el proceso con la investigación y la declaratoria que entreguen la Organización de las Naciones Unidas y la Unión de Naciones Suramericanas sobre la rebelión policial.

Ha pasado casi un año desde que se inició este juicio en contra el ex Director del Hospital de la Policía y el caso ha pasado por tres instancias. La primera: el Juzgado Quinto de Garantías Penales, que lo encontró inocente de los cargos de intento de magnicidio. Eso también concluyó la Tercera Sala de la Corte Provincial de Pichincha y el pasado viernes, el retraso del fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga dio lugar a un abandono del recurso de casación contra el coronel Carrión.

Han pasado dos instancias regulares, una extraordinaria con el recurso de casación, y existen al menos dos recursos más con los que podría impugnar la Fiscalía esa triple sentencia de inocencia.

La primera sería el recurso extraordinario de revisión, que se puede pedir después de que se aplique la sentencia condenatoria contra el acusado. Este recurso se basa en la revisión de la sentencia dictada por el último Tribunal y se lo hace ante la Corte Nacional de Justicia, como en la casación.

Este recurso extraordinario es aplicable en seis casos. Entre ellos la existencia de dos sentencias contradictorias entre sí, sentencias dictadas en base a documentos o testimonios falsos, cuando se demostrara que el sentenciado no es culpable del delito por el que se lo condenó, de aplicarse una Ley más benigna o cuando no se haya comprobado conforme a la Ley la existencia del delito. Solo en el último caso es posible que se entreguen nuevas pruebas a la Corte. La misma dictará otra fecha de audiencia y podría dictaminar una nueva sentencia.

El otro recurso es de amparo, ante la Corte Constitucional. Es una fase de valoración de la sentencia ya dictaminada. Este proceso de impugnación está regulado bajo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su art. 39.

En él se contempla la procedencia de esta acción cuando se hayan violado derechos constitucionales en la sentencia, pero también procede cuando una persona natural o jurídica haya causado daños graves. No obstante, la Corte será quien valore el tema.

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