El presidente Rafael Correa, a nombre de Alianza País, acaba de expresar su respaldo al Consejo Nacional Electoral (CNE), en su resolución de revisar el 100% de firmas presentadas por partidos y movimientos. Por ello, anunció que se realizará una “vigilia ciudadana” para que no se cristalice lo que llamó un “fraude” de ciertas agrupaciones políticas de inscribirse con firmas y adhesiones fraudulentas, violentando los principios constitucionales.
Según Correa, este día empezará la vigilancia de militantes de Alianza País, que terminará el 22 de septiembre próximo, con una “gran movilización”.
“No vamos a permitir que se incumpla la Constitución. No vamos a aceptar los desplantes de partidos políticos, que con bravuconadas quieren registrarse”.
En una conferencia de prensa en la sede de Alianza País, responsabilizó del escándalo de la falsificación de firmas y adhesiones a las “mafias políticas”, que supuestamente compraron rúbricas fraudulentas a empresas que no identificó.
Para confirmar su denuncia, el presidente Correa presentó un video de la asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik), en que menciona a 4 ó 5 empresas que supuestamente ofrecían firmas para organizaciones políticas que deseaban inscribirse.
Por ello, Correa pidió que se llame a Tibán a una confesión judicial para que diga los nombres de esas presuntas empresas que falsificaban firmas.
En ese sentido, el movimiento oficialista rechazó la denuncia de la oposición, de que el escándalo de las firmas fraudulentas es un “pretexto” para eliminar a fuerzas políticas incómodas para las próximas elecciones de febrero.
El Presidente volvió a defender al CNE en el polémico tema. Ese organismo no pudo cumplir con su deber legal de verificar la autenticidad de las firmas y adhesiones que partidos y movimientos políticos para registrarse, como lo señala el Código Electoral.
El líder de Alianza País también reiteró que la lista 35 que no presentará ni una sola firma más al CNE, pues ya entregó más de un millón de firmas que fueron calificadas. Y reiteró su pedido a la autoridad electoral que elimine cualquier rúbrica sobre la que haya sospecha de irregularidades en el nuevo proceso de revisión de adhesiones, que fue solicitado por la Fiscalía General de la Nación.
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