El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, plantearon a la jueza Segunda de Garantías Penales de Pichincha, Ángela Sarmiento, por separado, “desechar” la solicitud de medidas cautelares propuesta por la Unión Nacional de Periodistas (UNP).
A través de este recurso, el gremio intenta bloquear la publicación en el Registro Oficial del veto del Ejecutivo a las reformas al Código de la Democracia.
La objeción del Mandatario, según Vicente Ordóñez, titular de la UNP, y las nuevas reglas irían en desmedro de la libertad de expresión y de opinión. También restarían el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre las propuestas de los candidatos, durante la campaña. E impedirían el libre ejercicio del periodismo.
El viernes pasado, la jueza Sarmiento aseguró que ayer en la tarde resolvería sobre el tema. Pero el abogado de la UNP, Santiago Guarderas, indicó que ella podría hacerlo hasta el 4 de febrero, cuando la reforma ingresaría por el ministerio de la ley.
Hasta el cierre de esta edición, la Jueza aún no emitía la providencia o resolución sobre el pedido de la Unión Nacional de Periodistas (UNP). Ella, sin embargo, ya contaba con los puntos de vista de Cordero y del presidente de la República, Rafael Correa.
Mera en su alegato dice que la solicitud de medidas cautelares pretende modificar sustancialmente el proceso legislativo.
“Cómo es posible que se pretenda dizque ‘evitar la amenaza, grave e inminente de los derechos constitucionales’ violentando la Constitución en cuanto al trámite legislativo”, argumenta y acota que se busca cercenar y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea y de la Función Ejecutiva, en cuanto a las responsabilidades que tiene en el proceso de formación de leyes.
Para Mera, no se puede romper la Constitución para “satisfacer intereses particulares”, ya que en la fundamentación de la solicitud de medida cautelar, la UNP hace referencias a la posible censura al ejercicio periodístico.
A este alegato se suman los comentarios que el presidente Correa y el Gobierno emitieron, en el reciente enlace sabatino.
En él se descartó que se tratara de censurar a la prensa a través del artículo 203 del veto electoral, que dice que los medios de comunicación deberán abstenerse de hacer reportajes, especiales o cualquier tipo de mensajes, que pudiera ser considerados promoción directa o indirecta de tesis o candidatos políticos.
En el enlace se presentó un video. Y una voz en off señaló que estaban permitidos los “reportajes sin sesgo”, que “la igualdad y equidad informativa están por primera vez garantizadas”. Y se criticó a la periodista de Teleamazonas, Janneth Hinostroza, quien aseguró que “un duro golpe a la democracia se propinó con el veto, que prohíbe entrevistar a los candidatos en las elecciones”.
En el video se dijo que eso era mentira y que la reforma solo evitaría que se “direccione la información hacia el candidato de preferencia del medio, con el fin de beneficiarlo abiertamente. Eso era inmoral”. Aunque lo afirmado no se especifica en el articulado.
Por eso, el mismo Cordero, varias veces, ha dicho que el veto es confuso y que una cosa es lo que dice el texto y otra, Correa. Correa, incluso dio a entender anteriormente, que no habría enlaces en la campaña. Algo que tampoco se incluye en el veto.