Desde mediados del 2009, el debate de la Ley de Comunicación ha copado parte de la agenda política. La razón: el futuro de la libertad de expresión depende de este cuerpo legal.
Dentro del proyecto que comenzó a elaborar la Asamblea Nacional, con la influencia directa de Alianza País, se planteó la necesidad de que exista un Consejo de Comunicación que se encargue de regular y controlar a los medios independientes. Eso se convirtió en el tema más complicado del debate, porque el oficialismo apuntaba a un organismo con capacidades punitivas.
El otro punto en conflicto era la conformación de este organismo. El bloque de Alianza País proponía la presencia mayoritaria del Gobierno, mientras que las otras bancadas reclaman por un ente independiente.
En medio de esa pugna quedó en suspenso el segundo debate a la Ley, a la espera de que se produzca un acuerdo político que viabilice su aprobación.
Luego llegó el proyecto de consulta popular, donde el Ejecutivo introdujo dos preguntas relacionadas con la prensa. La número 3 del referendo busca prohibir que los principales accionistas y directivos de los medios no tengan otros negocios.
Mientras que en la pregunta 4 del cuestionario sobre temas generales, el Ejecutivo vuelve a insistir en crear un Consejo de Regulación como parte fundamental de la nueva ley de medios.
Este organismo, según el cuestionario, regulará “la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores”.
Para el legislador Jimmy Pinoargote (independiente) esta pregunta induce al “engaño”. Por un lado -señala- se pide regular lo mismo que ya se regula en la Constitución y en los tratados internacionales. Además, no logra superar las diferencias sobre la integración del Consejo. La consulta “deja la puerta abierta para que el Gobierno decida cómo conformarlo”. Además, le preocupa que ese Consejo llegue a dirimir temas trascendentales como la responsabilidad ulterior de los periodistas y medios. “Esto puede ser muy subjetivo”, señaló.
Juan Carlos Solines, asesor de Fundamedios, cree que el objetivo del Régimen es controlar los contenidos de los medios. Cree que si el propósito era solamente buscar una normativa que evite excesos de los medios, la pregunta hubiese sido distinta. Pero insiste en que el propósito es crear un Consejo que defina lo que es la responsabilidad ulterior.
Esta intención contradice el artículo 13, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señala: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares”.
Sin embargo, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, aseguró la semana pasada, en radio Democracia, que es “saludable” tener un Consejo de Regulación porque permitirá al ciudadano evitar abusos de la prensa. En ese sentido ha planteado que este ente debería responder a la gente y “no a un poder político y fáctico”, y que en su conformación deberían estar ciudadanos.
Pero Pinoargote cree que si el objetivo del Régimen hubiese sido entregar el control de los medios a la ciudadanía, la Ley de Comunicación en la Asamblea se hubiese aprobado según la propuesta que planteó la oposición.
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), en los alegatos que presentó ante la Corte Constitucional, advirtió que al plantear un Consejo que regule la difusión de contenidos se va a impedir la libre circulación de la información, ya que su difusión va a estar condicionada al control previo de ese órgano. Esto será caer en una evidente censura previa. La Aedep y Solines concluyen que los criterios de responsabilidad ulterior deben estar expresamente fijados por la ley y no sea un órgano administrativo el que las tipifique.
PREGUNTA 4
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley de la Función Legislativa, expida una l ey de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de comunicadores o los medios emisores?