En 2012, el Consejo Nacional Electoral, bajo decreto de emergencia, instaló un centro de verificación para revisar nuevamente las firmas de todas las organizaciones políticas. Foto: Archvo / EL COMERCIO
El proceso de verificación de las firmas de los partidos y movimientos políticos que estalló en el 2012, luego de denuncias de supuesta adulteración de rúbricas, aún persigue al Consejo Nacional Electoral (CNE).
A dos años de que el organismo diera el caso por cerrado, un informe de la Contraloría General reveló que existieron “fallas” en el sistema de verificación y que estas comprometieron
los resultados.
Luego de ese proceso, fueron aprobadas 12 organizaciones políticas nacionales y quedaron fuera de las elecciones generales del 2013 movimientos como Concertación, de César Montúfar, y Equipo, de Fabricio Correa. En ese entonces, los principales líderes políticos de oposición denunciaban ante la opinión pública la falta de confiabilidad, seguridad y la discrecionalidad en la aprobación de las rúbricas.
La Contraloría les da la razón en el informe final sobre los gastos y contratos de la verificación aprobado el 30 de octubre del año pasado.
En 96 páginas, el documento detalla cada inconsistencia detectada en el proceso, desde la contratación de la empresa Controles S.A. -que vendió el software para la verificación de firmas por USD 1,9 millones- hasta las resoluciones del Pleno, que permitieron a las agrupaciones participar o no en las elecciones del 2013.
También señala que las bases de datos que usaron para
comparar las firmas de las organizaciones políticas con las existentes “no presentaron la consistencia y confiabilidad para garantizar los resultados de los procesos de verificación”.
El informe demostró que una misma rúbrica podía ser aceptada por varios usuarios. Y señala que la decisión de validar cada una era exclusiva del digitador, sin controles y con errores. Se registraron además, cédulas inexistentes. El informe señala que esto restó “confiabilidad, confidencialidad e integridad a la información procesada”. Por ejemplo, los resultados no coinciden.
El CNE entregó a Controles 25 786 336 firmas y se procesaron 3 713 957 rúbricas adicionales.
Lo mismo sucede con los registros por partidos y movimientos. Una fue la cifra registrada inicialmente y otra la cifra de las firmas procesadas, y una tercera en las resoluciones del Pleno del CNE.
También hay observaciones a la Dirección de Talento Humano, que estaba a cargo del actual consejero Mauricio Tayupanta. Se señala que no hubo un registro dactilar del personal que trabajó en la verificación y tampoco se definió su Manual de Procedimiento. Tayupanta adujo que por “problemas técnicos”, solo al inicio, el registro fue manual. Y que el segundo punto no estaba a su cargo.
Pero durante su gestión fue el responsable de la contratación de los peritos caligráficos. La auditoría nunca pudo comprobar cuántos fueron y si pertenecían a la Policía y a la Fiscalía, como se anunció en ese tiempo. Él respondió que hubo expertos privados y extranjeros y que esa información se puede verificar en los pagos.
Los gastos, del 30 de julio del 2012 al 31 de enero del 2013, fueron de USD 7 180 546. La declaratoria de emergencia por el tema de las firmas permitió que el CNE, bajo la dirección de Domingo Paredes, realizara los contratos necesarios sin tener que pasar por un concurso. Sin embargo, no todas las decisiones fueron beneficiosas. Por eso el último paso de la Contraloría será determinar las responsabilidades y glosas.
El 23 de agosto del 2012, Paredes firmó el contrato por el sistema con Miguel Izurieta Cardozo, gerente de Controles, por USD 1 980 000, y designó como administrador a José Luis Gavilanes, entonces director nacional de Informática del CNE. El informe asegura que el sistema que ya poseía el CNE, desarrollado por sus técnicos, tenía mejor almacenamiento, velocidad y seguridad y que el nuevo no se ajustaba a las necesidades de la entidad. Así se estableció que la contratación fue injustificada.
Si bien Paredes firmó el contrato, Gavilanes fue el único responsable de todas sus etapas, pues no hubo Comisión Técnica. Se determinó que no había parámetros de evaluación, ni argumentos para el precio referencial, ni plazos.
El CNE aceptó la propuesta porque era “la más barata”. Y, pese a esto, perdieron la licencia de uso ilimitado de los aplicativos y el derecho de propiedad sobre el sistema.
Este Diario buscó la versión de Paredes, pero no fue posible localizarlo. En su respuesta a la Contraloría, la acusó de emitir “afirmaciones tendenciosas que incluso permiten poner en serio riesgo el proceso democrático”. Se buscó la versión de Controles, en su oficina explicaron que Izurieta “no tenía nada que decir”. Y Gavilanes indicó que no podía responder sin autorización del CNE.
Juan Pablo Pozo, titular del organismo, negó que Gavilanes necesite alguna autorización del CNE. Dijo que acatarán todas las recomendaciones y que los responsables deberán “responder por sus actuaciones”.
En contexto
Todas las organizaciones políticas debían inscribirse para poder participar en elecciones. Pero las denuncias de afiliaciones falsas obligaron al CNE a reiniciar la verificación de firmas.
CIFRA
1,98 millones costó el sistema usado para verificar las firmas de las organizaciones políticas.
