La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el informe general del examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Asamblea Nacional en el período enero-diciembre 2015. En el documento, fechado el 15 de julio del 2016, se incluyó el caso de Esperanza G. y el cobro sueldos mientras cumplía prisión preventiva por supuesto cohecho. Ella fue detenida el 24 de mayo del 2015, luego de la sesión del Informe a la Nación en Quito. Ha estado detenida durante 14 meses.
Esperanza G. fue detenida el 24 de mayo del 2015, luego de asistir al informe a la Nación del presidente Rafael Correa en Quito. Foto: Archivo / Cortesía
La Contraloría recomendó a la Asamblea emitir una resolución para estipular que, por faltas graves e injustificadas de los legisladores que no se encuentren establecidas en la ley Orgánica y sean consideradas imprevistas, se suspendan temporalmente los pagos de sus remuneraciones. Esto mientras actos administrativos y/o judiciales sean resueltos.
Además, que se disponga a los departamentos administrativos de la Asamblea la elaboración de informes sobre las asistencias y retrasos de los legisladores, tomando en cuenta los documentos de justificación presentados.
Este informe deberá ser presentado a la máxima autoridad de la Asamblea Nacional “para la toma de acciones correctivas y según sea el caso, aplicarán las sanciones correspondientes”. El informe expone que, según los registros de la Asamblea, la legisladora Esperanza G. registró 51 ausencias a sesiones del Pleno (de un total de 80) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015 y que en 49 ocasiones principalizó a su alterno.
Entre enero y marzo, la asambleísta habría presentado justificaciones médicas a las inasistencias. Mientras que entre mayo y diciembre solicitó la principalización de su alterno por cuanto se encontraba cumpliendo prisión preventiva, por un supuesto cohecho.
El 16 de febrero de 2016, la Contraloría solicitó al Coordinador General Financiero de la Asamblea el detalle de remuneraciones y demás beneficios sociales pagados a la Asambleísta por Esmeraldas y a su alterno, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
Con la información entregada por la Asamblea, la CGE establece que “si bien (…) la Asambleísta no ha sido declarada judicialmente culpable (…) conservando su calidad de Asambleísta; no asistió a las reuniones del Pleno, Comisiones permanentes y al desempeño de sus actividades afines a sus funciones”.
Añade que debido a que el Administrador General, como responsable de validar las justificaciones presentadas por los asambleístas, “no observó que éstas no se encontraban dentro de los casos señalados en el artículo 5 del Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos, lo que ocasionó que Esperanza G. haya cobrado USD 32 369,49 hasta el 31 de diciembre de 2015. En un principio, el esposo de Esperanza G., Marcelo A., había dicho que entre junio y diciembre del 2015 su cónyuge recibió USD 17 904.
Además, menciona como hecho subsecuente que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), ante la recomendación del informe preliminar de CGE, decidió el 29 de junio del 2016 suspender los pagos a Esperanza G.
