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Contraloría dice que hay indicios de responsabilidad penal en contratación de mascarillas del IESS

La Fiscalía allanó las instalaciones de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e inmuebles en Quito y Cuenca,  la madrugada del 1 de abril del 2020, durante una investigación. Foto: Cortesía

La Fiscalía allanó las instalaciones de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e inmuebles en Quito y Cuenca, la madrugada del 1 de abril del 2020, durante una investigación. Foto: Cortesía

La Fiscalía allanó las instalaciones de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e inmuebles en Quito y Cuenca, la madrugada del 1 de abril del 2020, durante una investigación. Foto: Cortesía

La Contraloría General determinó indicios de responsabilidad penal por el caso mascarillas. La mañana del miércoles 8 de abril del 2020, se conoció que esa entidad remitió a la Fiscalía el informe que fue aprobado el lunes pasado por el contralor Pablo Celi.

El examen especial se efectuó al proceso de adquisición y compra de dispositivos e insumos médicos para solventar la emergencia sanitaria por covid-19, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

La Contraloría señala que hay evidencia de irregularidades no solo en la adquisición de mascarillas, sino también en la de pantallas faciales, guantes y otros equipos de protección. Esto, según el ente de control, “derivó en el desabastecimiento de material para enfrentar la pandemia, en las unidades del IESS a nivel nacional”.

De acuerdo con el informe, el exdirector General del IESS Miguel Ángel Loja declaró en emergencia a las dependencias de salud de la entidad. Sin embargo esa es una competencia exclusiva del Consejo Directivo.

También se establece que “suscribió una orden de compra por USD 9,4 millones, excediendo sus atribuciones para aprobar gasto, puesto que la norma le autoriza contrataciones de hasta USD 7 millones a ese nivel jerárquico”.

Otro elemento que detectó la Contraloría es lo ya anticipado por la Secretaría Anticorrupción. En el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop) se encuentran registrados más de 10 000 proveedores que cumplían con el perfil. Sin embargo, dice que “se adjudicó a la empresa Almantop S. A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas”.

Contraloría asegura que se evidenció que se invitó a empresas vinculadas que estaban relacionadas entre sí a través de sus accionistas o por sus vínculos comerciales.

La Contraloría también señala que el precio fue superior a lo pagado por otras entidades públicas. “Por mascarillas tipo N95 se estableció una diferencia del 400%; en mascarillas quirúrgicas elástico tamaño estándar hay un incremento del 100%; en guantes de látex mediano del 253% y en guantes de látex talla grande el 81%”, se lee en el informe.

En ese marco, en el proceso de contratación los valores que constan en las certificaciones presupuestarias se ajustaron al valor de la proforma de Almantop S. A.

Finalmente, la Contraloría señala que en este proceso estarían involucrados el exdirector General del IESS, la exdirectora Nacional de Servicios Corporativos y la exsubdirectora Nacional de Contratación Pública, entre otros funcionarios.