Marcela Aguiñaga dijo que no ha recibido notificación de la indagación del CNE. Foto: Wladimir Torres / EL COMERCIO
Marcela Aguiñaga se mantiene en su postura:”no ha habido proselitismo, hubo coincidencias”. Lo repitió ayer en Guayaquil durante la firma de apoyo del Frente Unidos al pacto ético que propone el presidente Rafael Correa.
Solo un día antes, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció en su cuenta de Twitter que, ante una denuncia, se abrió un expediente sobre el caso. Además, que la Dirección de Fiscalización presentará un informe al pleno del CNE.
Pero Aguiñaga,segunda vicepresidenta de la Asamblea y Directora de Alianza País en Guayas, afirmó que aún no han recibido una notificación de la autoridad electoral. También aclaró que están en su derecho de realizar las investigaciones que consideren necesarias.
Ya que “bajo ningún concepto, ni en ningún momento, hemos solicitado bienes públicos. Lo que hemos hecho es coincidir con las ferias ciudadanas”, indicó Aguiñaga. Y descartó que exista una infracción electoral ya que, a su criterio, no son actos de proselitismo, “porque no vamos a pedir el voto por nadie”.
El caso que está siendo investigado, según la versión de Pozo, es por el proceso de carnetización de AP en Guayaquil, en especial del 2 de julio, en el cuál hubo presencia de instituciones estatales. E incluso un audio que invitaba a los simpatizantes a unirse a la campaña y acceder de los beneficios de estos organismos en el lugar. Pero Aguiñaga dijo desconocer dichas cuñas radiales.
Por este mismo episodio, las organizaciones políticas que forman el Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral presentan hoy una solicitud de investigación ante el CNE.
Es la segunda denuncia. Alonso López, de Unidad Popular en Guayas, encabezó la primera en la Delegación Electoral Provincial, la semana pasada.
El colectivo denunció una presunta campaña electoral anticipada por parte del oficialismo durante el mismo evento de promoción y carnetización.
Para Fabricio Villamar, presidente del Movimiento Ahora y Coordinador pro tempore del Acuerdo, los oficialistas Byron Valle, Mónica Brito y Aguiñaga utilizaron presuntamente recursos públicos en esa campaña de afiliación.
Ese día se vio en el sitio donde se recogían los datos de las personas a instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Corporación Nacional de Electricidad, el Banco del IESS, y los ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social.
Villamar recordó que las acciones de los asambleístas podrían suponer una violación al artículo 115 de la Constitución, que prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales para la campaña electoral.
Además, violentaría el artículo 276 del Código de la Democracia, que prohíbe que los funcionarios públicos utilicen recursos o bienes con fines electorales.
Con estos mismos argumentos legales y evidencias, Unidad Popular se presentó ayer en la Contraloría General del Estado, en Quito.
Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, acompañado de Nelson Erazo y Annabel Guerrero, entregaron una solicitud de investigación por este caso.
Pero no en contra de Alianza País, sino de las seis instituciones públicas que estuvieron en ese evento de carnetización. El examen expecial es por presunto mal manejo de bienes y fondos públicos.
Pidieron que se ejecuten mecanismos y operativos de control a todas las entidades públicas del país, con base en el acuerdo firmado con el CNE en 2012.
Atarihuana dijo que no es la única vez en que habría abuso de recursos públicos. Advirtió que si la Contraloría y el CNE no actúan, cuando cambie el Gobierno deberán rendir cuentas.
Para Aguiñaga estas denuncias y pedidos de la oposición “buscan una palestra política”, por las elecciones.
En contexto
Los primeros nombres de precandidatos para la Presidencia comenzaron a oficializarse. Alianza País advirtió que lo haría en octubre. Mientras, sus dirigentes dijeron que enfocan su trabajo en fortaleces sus estructuras a escala nacional.