10 de February de 2011 00:00

La consulta está en manos de una Corte Constitucional cuestionada

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La seguridad del presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, le sugirió que no fuera ayer a la reunión que tenía con Jacques Barrot, del Consejo Constitucional de Francia y una delegación diplomática de ese país.

La cita estaba prevista para las 11:30, pero en ese momento más de un centenar de ex trabajadores de la Cervecería Nacional y de Coca-Cola protestaban en las afueras de la sede del organismo.

No había la seguridad suficiente para que Pazmiño entrara a la Corte. Por eso los extranjeros fueron recibidos por el vicepresidente Édgar Zárate y otros cinco de los nueve jueces de la Corte.

Allí hablaron del momento que afronta este organismo: un vendaval de denuncias de corrupción. Eso ocurre justamente cuando en sus manos está el trámite del proyecto de consulta popular, que plantea el Ejecutivo, para reestructurar al Poder Judicial, entre otros temas adicionales.

El pedido del presidente Rafael Correa sacó a la Corte del bajo perfil en que había preferido trabajar desde el 2007, pese a los temas polémicos que ha manejado: su autodesignación como jueces en el 2008, las divagaciones en los casos Bucaram y Dahik, las revocatorias del mandato...

No obstante, la consulta llevó la atención del país hacia estos funcionarios. Su pasado político, sus simpatías con el Régimen o divergencias salieron a la luz pública.

Para José Ayala Lasso, de Cauce Democrático, estos hechos no deberían pesar el momento en que el Pleno de la Corte decida sobre los informes que los jueces Nina Pacari y Roberto Bhrunis prepararon de cara a la consulta. La primera analizó las cinco preguntas para “enmendar” la Constitución y el segundo las cinco interrogantes sobre temas generales.

El futuro del informe de Bhrunis no es difícil de predecir. Según difundió el martes diario El Universo, el cuestionario a su cargo pasó el filtro. Y tendría el apoyo de la mayoría de jueces de la línea del oficialismo. Es decir, seis de los nueve miembros del organismo.

El tema sensible es el informe de Pacari. En su resolución rechaza la posibilidad de que se realice un referendo para cambiar las medidas alternativas para la prisión preventiva, para limitar el ámbito de negocios para los dueños de bancos y medios de comunicación, y para reestructurar la Judicatura y la Función Judicial.

La jueza sostuvo que si se pretende modificar la Carta Magna, el camino es la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Esta tesis ha sido apoyada por sectores académicos, sindicales, indígenas, de oposición y antiguos aliados del Presidente. Coinciden en que es ilegal que se quiera convocar una consulta popular, para reformar la Carta Magna.

Con el informe de Pacari , ¿qué futuro tiene el referendo ?

El secretario jurídico de Carondelet, Alexis Mera, tiene una lectura pragmática. Primero, advierte que ese informe no es vinculante. Es decir, que es solo referencial para el Pleno de la Corte.

Además dice que “Pacari es uno de nueve votos y es cuota política de Pachakutik. Ella no obedece a los intereses del país, sino primero a Pachakutik, que es opositor al Gobierno. Su decisión refleja como la partidocracia sigue enquistada en la Corte Constitucional”.

Ayala apoya el criterio de Pacari de que el único camino para reformar la Constitución es una Asamblea Constituyente. Con esa idea coincide también el asambleísta, Paco Moncayo.

Para él, la institucionalidad de la CC está a prueba. “Si el análisis de los jueces constitucionales se cumple con respeto, se coincidirá con el informe de Pacari”.

Por lo tanto, a las preguntas del Régimen ya no le quedarían oxígeno. Pero la legisladora oficialista, Paola Pabón, pide esperar a que se termine el debate en la Corte y que los jueces dicten su veredicto. “Adelantar criterios sobre los informes preliminares no es sano para la democracia”.

En la Corte, los vocales han preferido mantenerse en silencio. Por un lado cuestionan que los informes de Pacari y Bhrunis se hayan filtrado a la prensa. Al tiempo que no saben cómo detener la protesta social y las críticas de sectores políticos por el escándalo de los supuestos cheques de la Cervecería Nacional. El legislador de Sociedad Patriótica, Galo Lara, ya presentó un proyecto para sacar a estos jueces de sus cargos.

¿La crisis política que atraviesa la CC debilita el tratamiento de la consulta? Es una pregunta compleja que Mera responde con habilidad. “El problema de la Corte Constitucional es que tiene plazo fatal para resolver (21 de febrero) y si no lo hace se entiende aceptada la propuesta del Ejecutivo”.

PATRICIO PAZMIÑO

Juez de la terna de Rafael Correa. Preside la Corte Constitucional y es especialista en DD.HH.

ROBERTO BHRUNIS

Juez de la terna de Rafael Correa. Ex delegado de Los Ríos del Consejo de la Judicatura.

NINA PACARI

Jueza por el Congreso de ‘los manteles’. Ex constituyente, y ex canciller por Pachakutik.

MANUEL VITERI

Juez por el Congreso de ‘los manteles’. Ex juez de las cortes superiores de Los Ríos y Guayas.

ÉDGAR ZÁRATE

Juez por la Corte Suprema de Justicia. Es el Presidente subrogante de la Corte Constitucional.

ALFONSO LUZ

Juez por la Corte Suprema de Justicia. Juez y conjuez de Guayas y catedrático universitario.

RUTH SENI PINOARGOTE

Jueza por las cámaras. Fue conjueza de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Manabí.

HERNANDO MORALES

Juez por los sindicatos y grupos indígenas. Fue asesor parlamentario y catedrático.

PATRICIO HERRERA

Juez por los gobiernos seccionales. Fue asesor de la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga.

Informe de N. Pacari

Pregunta 1. El cambio de los plazos para la caducidad de la prisión preventiva fue modificado en su texto por la jueza Nina Pacari. Con esta reforma pudiera ir a una consulta.

Pregunta 2. Reformar las medidas sustitutivas a la prisión para delitos menos graves. Para Pacari esa pregunta no puede ir a referendo.

Pregunta 3. No se puede consultar la inclusión de una norma para prohibir que los banqueros y dueños de medios sean propietarios o accionistas de otros negocios.

Pregunta 4 y 5. Esta es la iniciativa que más respalda el Ejecutivo y que pretende reestructurar la Función Judicial. Para la jueza Pacari si el Gobierno quiere realizar esta reforma debe convocar a una Asamblea Constituyente.

Informe de R. Bhrunis

Pregunta 1. El juez aceptó que se pregunte sobre la sanción al enriquecimiento privado no justificado.

Pregunta 2. En el caso de la prohibición de los juegos de azar, se eliminó el texto que puede inducir a la pregunta. Por ejemplo: Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social.

Pregunta 3. Luz verde a la pregunta de evitar la muerte animales en espectáculos. Se reformó el texto para que no induzca a una respuesta.

Pregunta 4 y 5. Estas dos preguntas van a consulta y la Asamblea tendrá un mes para crear una ley para el consejo de Comunicación y para sancionar como un delito la no afiliación al Seguro Social a los trabajadores.

El fallo puede adelantarse

La Corte Constitucional tiene hasta el 21 de este mes para resolver el pedido de consulta popular que le presentó el presidente Rafael Correa. La convocatoria a la reunión está en manos del titular del organismo, Patricio Pazmiño.

Hasta ayer, no se conocía la fecha que el Pleno trataría el caso, pero se habló que, posiblemente, pudiera ser el lunes de la próxima semana. Es decir, en cinco días.

Está previsto que hoy, los miembros del organismo constitucional acudan a su sesión semanal. en ese marco, que allí se trate sobre la fecha de la reunión para tratar sobre la consulta.

Actualmente, los jueces tienen en sus manos los informes que elaboraron sus compañeros Nina Pacari y Roberto Bhrunis. Estos textos pueden ser modificados, aprobados o desechados en el sesión del Pleno de la Corte.

Esas tres posibilidades debe contar con el voto de la mayoría simple de los miembros del tribunal: cinco de nueve votos. Según el Código Orgánico de la Corte Constitucional, el voto del Presidente de la CC no es dirimente.

Se trata de una figura normativa que se usa en otras entidades estatales y otorga al Presidente la facultad zanjar en un empate de votos. Es decir, que su apoyo a cualquiera de las tesis sería considerado como una doble adhesión.

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