21 de February de 2011 00:00

La consulta abre un debate sobre libertades

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Cuatro de las cinco preguntas de la consulta popular, las del segundo cuestionario que trata sobre temas generales, tienen un concepto en común: la libertad del ciudadano y las limitaciones que sobre ella es capaz de ejercer un Estado.

Si el sí gana en las urnas, a la Asamblea y a los cabildos cantonales le espera una lista de reformas legales y ordenanzas por debatir. En adelante, las personas tendrían que dar fe de la procedencia de todos sus bienes si no quieren ser acusados, por omisión, de enriquecimiento privado no justificado. Los casinos y juegos de azar estarán prohibidos, dado el repentino interés que ha puesto el Gobierno por atacar la ludopatía. Las corridas de toros o las peleas de gallos son espectáculos vibrantes y polémicos; pero del gusto de grupos minoritarios, quienes dejarán de acudir a estos espacios por la decisión de las mayorías en las urnas. La aplicación de los resultados será en el ámbito jurisdiccional.

Finalmente, con un triunfo a favor de las tesis del Gobierno, la futura Ley de Comunicación incluirá un Consejo de Regulación de los contenidos violentos en materia sexual o discriminatoria, anticipando criterios de responsabilidad ulterior. Pero la polémica de esta intención gira en torno a la integración de ese Consejo que podría extralimitarse en sus funciones, de acuerdo con lo que ya se ha adelantado en el debate sobre la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional.

Incluso, en noviembre y diciembre del 2009, tres organismos internacionales prendieron sus alertas sobre este tema. Frank La Rue, relator de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco); y la OEA sugirieron reformas a los textos que estaban en discusión. La razón: varias atentaban contra la libertad de expresión. La ONU aseguró que debe existir una autoridad nacional de telecomunicaciones independiente de los poderes del Estado. En el proyecto de ley se disponía en un inicio que el Consejo quedara integrado (entre otros) por dos delegados del Presidente.

El Primer Mandatario anticipó que si triunfa la propuesta sobre el contenido de los medios, la Asamblea deberá aprobar la Ley de Comunicación.

¿Limitar, restringir, prohibir? La consulta pone a reflexionar a académicos, juristas y activistas quienes, al ser consultados por este Diario, ven detrás del debate político un dilema sobre la libertad.

“Estas preguntas son confusas y luego se convertirán en disposiciones legales secundarias”, dice el constitucionalista Milton Castillo, quien sostiene que en el fondo lo que pretenden es hacer del Derecho Penal una herramienta de control del Estado sobre temas que no son trascendentales.

Con él coincide el sociólogo Wladimir Sierra. “Los burgueses-liberales dirán que las preguntas violan los derechos de libertad, los socialdemócratas dirán que es preferible que el Estado se preocupe más por la educación de su gente antes que por estas restricciones”.

Pero el oficialismo armó un libreto jurídico para garantizar el cumplimiento de lo que se consideran derechos colectivos, la protección de grupos vulnerables y la igualdad ante la Ley. Al enviar la consulta a la Corte Constitucional, el Gobierno dijo, en el caso de la pregunta del enriquecimiento privado no justificado, que los niveles de impunidad son altos. Ello porque una persona particular incumple con uno de los requisitos que establece el Código Penal: ser funcionario público.

Esto se vuelve innecesario, según lo dicen dos economistas de orillas distintas: el ex constituyente Alberto Acosta y el ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo.

Si el Gobierno cuenta con una Superintendencia de Bancos que prohíbe hacer depósitos de grandes cantidades sin justificaciones, con un Servicio de Rentas Internas que tiene la competencia de regular tributos, y además hay leyes que penalizan el narcotráfico, la estafa, el abuso en los contratos con el sector público, ¿para qué insistir en esta pregunta?

Según Pozo, lo que se busca es perseguir a los opositores. ¿Están en juego las libertades políticas? Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, dice que está en riesgo el derecho a la propiedad: una libertad consagrada en cualquier Constitución occidental.

Las voces de alerta no solo vienen de los sectores económicos o empresariales. Para académicos, incluso, cercanos al proyecto de la revolución ciudadana, los reparos no son pocos. Puntualmente, sobre la pregunta 2 de la consulta popular. “Esas preguntas están cargadas de torpeza intelectual”. Lo dice el sociólogo Alexei Páez cuando se niega a aceptar que el Estado regule la voluntad de los ciudadanos y les impida meterse en un casino o comprar una entrada para ir a los toros.

La Presidencia, en las preguntas 2 y 3 de la consulta, se acoge a la necesidad de debatir sobre las repercusiones negativas que para los jóvenes, de sectores sociales vulnerables, tiene la falsa promesa de que el juego es una forma fácil de conseguir dinero.

El informe del juez de la CC, Roberto Bhrunis, aceptó la oportunidad de esta pregunta. Además, el documento que presentó advierte que hay unos Derechos de la Naturaleza que están establecidos en el artículo 71 de la Constitución aprobada en Montecristi.

¿Un debate constitucional o el intento por moldear los gustos ciudadanos? Páez advierte los bríos de un “Estado terapéutico”, mientras que Ruth Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, considera que se están afectando los derechos de las minorías. “Hay que respetar al ciudadano y sus gustos”.

Entonces, el interés del Régimen por proteger a sectores vulnerables pasa también, según su lectura, a la programación de los medios y por eso toma forma la necesidad del Consejo de Regulación, que tanto dolor de cabeza causó a los legisladores de la Asamblea, al punto de que el debate de la Ley de Comunicación se encuentra paralizado.

Hidalgo teme un control desmesurado de la libertad de prensa y de expresión. “Luchar por estas libertades no es luchar por los intereses de periodistas, sino por el derecho de acceso a la información del ciudadano en general”.

Jaime Guamán, abogado especialista en medios de comunicación, aduce que si la pregunta gana y se crea ese Consejo se atentaría contra el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho de las personas a la información sin censura previa y con responsabilidad ulterior.

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