Paúl Pérez (izq.) fue posesionado ayer por Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Las dudas por las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) siguen creciendo.
Tras los reparos planteados a la evaluación de las autoridades de control desde distintos sectores e instituciones, ahora las objeciones llegan por las designaciones temporales.
Edwin Pérez fue designado fiscal General encargado. Sofía Hernández asumió provisionalmente la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Y Gina Benavides Llerena tendrá la titularidad de la Defensoría del Pueblo.
Según las resoluciones con las que se aprobaron los nombramientos, una de las facultades extraordinarias que el Cpccs Transitorio tiene -tras la aprobación del referendo- es la de nombrar a cualquier ciudadano como autoridad de control encargada, en caso de la cesación de los titulares, hasta que se realicen los concursos.
En los casos de la Fiscalía General y de la Superintendencia, las personas nombradas son funcionarios con historial en esas instituciones.
Pérez se desempeñaba como fiscal del Carchi y en el proceso de recategorización obtuvo el puntaje más alto. Él cree que con su nombramiento se hizo justicia porque, según la ley, la subrogación -ante la ausencia del titular- le corresponde al fiscal con más alta categoría.
Mientras que Hernández trabaja en la ‘Súper’ de Economía Popular desde el 2015. Ha actuado como intendenta jurídica, asesora e intendenta financiera del sector popular.
Esta consideración no se utilizó para designar a Benavides en la Defensoría del Pueblo. Ella nunca ha ocupado ningún cargo público. Es docente de la Universidad Andina en el área de derechos humanos y ha estado ligada a la lucha social.
Un día antes de su nombramiento fue al Consejo Transitorio a presentar una queja contra Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo cesado, por no actuar con independencia en 18 casos de supuestas violaciones de derechos.
Las primeras críticas a estas designaciones llegaron desde la Asamblea. Soledad Buendía, vocal del Consejo de Administración Legislativa y parte de la bancada correísta, expuso que el Consejo está violando la ley y la Constitución, vigentes.
Lo dice porque previamente la Procuraduría, en el caso de la Fiscalía, había recomendado encargar el puesto al imbabureño Gen Rhea. Y que si una persona ha sido designada para un cargo debe ser posesionada en el Pleno Legislativo y no por el mismo Cpccs, como ocurrió ayer en los tres casos.
Este bloque, incluso, tiene en agenda la posibilidad de iniciar un proceso de fiscalización a los consejeros. Aunque aún no toman una decisión.
Julio César Trujillo, presidente del Consejo transitorio, indicó que no se pronunciará sobre declaraciones hasta que este tipo de procesos se concreten. “No vamos a responder las polémicas que surjan de los afectados de todas las decisiones del Consejo”, mencionó.
Pero las observaciones ya no llegan solo del ala correísta, incluso los legisladores afines al presidente Lenín Moreno han cuestionado al Consejo.
Este jueves, 3 de mayo del 2018, el asambleísta Luis Pachala (Creo) propuso al Pleno debatir una resolución para respaldar las actuaciones del Cpccs, ante esta ola de críticas. Pero la iniciativa no se incluyó en el orden del día porque solo tuvo 61 votos a favor.
Los 31 votos negativos y las 18 abstenciones provinieron de las bancadas de Alianza País y de la Revolución Alfarista. César Litardo, integrante del primer grupo, señaló que existen preocupaciones por el trabajo desempeñado por el Consejo.
“Hoy fue posesionado el nuevo Fiscal del país. Cuando claramente la Constitución y la Ley establecen que el Cpccs lo escogerá y la Asamblea lo posesionará”, recordó.
Ximena Peña, coordinadora del grupo morenista, ratificó que tienen algunas preocupaciones sobre el Consejo transitorio y, por tanto, decidieron no dar paso a la resolución de apoyo y mantenerse dentro del rol fiscalizador.
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que hace una veeduría al Consejo, también considera arbitrarios los tres nombramientos. “Advertimos que todas estas acciones abren el camino para que, en el futuro, las autoridades ‘cesadas’ demanden al Estado ecuatoriano”, indicó la ONG.
Este jueves, ya se dio el primer anuncio de una acción de este tipo. El exdefensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, indicó -tras conocer su cesación- que presentará una acción de protección ante la Corte Constitucional y calificó la decisión del Consejo de Participación transitorio como un hecho “inconstitucional, ilegítimo y atentatorio a la democracia”.
En contexto
El Consejo de Participación Transitorio, con la aprobación de la consulta popular del 4 de febrero, obtuvo la facultad de cesar a las autoridades de control y nombrarlas mediante concursos. Pero mientras estos se concretan, hace designaciones temporales.
